Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" A.C.
 Director: David Velasco Yáñez SJ 
Elaborado por: Centro Prodh 
ISBN y derechos de autor en trámite 

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enviando copia de lo publicado al Centro Prodh 

Serapio Rendón 57B Col.
 San Rafael, CP. 06470 México, DF 
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I. 
INTRODUCCIóN
Mal 
empieza 
el 
Estado 
mexicano 
su 
elección 
como 
miembro 
fundador 
del 
recientemente 
creado 
Consejo 
de 
Derechos 
Humanos 
de 
la 
Organización 
de 
las 
Naciones 
Unidas. 
Aquí 
en 
México 
sigue 
la 
preocupación 
por 
los 
lamentables 
acontecimientos 
ocurridos 
en 
San 
Salvador 
Atenco, 
donde 
fuertes 
enfrentamientos 
entre 
diversos 
cuerpos 
policiacos y 
pobladores 
arrojó 
un 
saldo 
de 
más 
de 
200 
detenidos, 
innumerables 
heridos y 
golpeados, 
además 
de 
varios 
policías 
heridos. 

Mientras 
que 
en 
Ginebra, 
el 
Estado 
mexicano 
rinde 
cuentas 
ante 
el 
Comité 
de 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales, 
en 
nuestro 
país 
diversas 
organizaciones 
denunciamos 
el 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
pública 
en 
contra 
de 
un 
movimiento 
social 
que, 
en 
su 
momento, 
fue 
capaz 
de 
echar 
abajo 
el 
megaproyecto 
para 
la 
construcción 
de 
un 
aeropuerto 
alterno. 

A 
partir 
del 
03 
de 
los 
corrientes, 
el 
Centro 
Prodh 
realizó 
diversas 
visitas 
al 
Hospital 
López 
Mateos, a 
la 
comunidad 
de 
San 
Salvador 
Atenco, 
así 
como 
al 
penal 
de 
Santiaguito 
con 
la 
finalidad 
de 
recoger 
testimonios y 
documentar 
la 
situación 
de 
los 
afectados y 
afectadas. 
En 
el 
informe 
que 
presentamos a 
la 
opinión 
pública, 
podemos 
constatar 
diversas 
violaciones a 
los 
derechos 
humanos, 
en 
diversos 
momentos y 
circunstancias. 

En 
un 
primer 
apartado 
el 
Informe 
recupera 
los 
antecedentes 
más 
importantes 
de 
estos 
lamentables 
acontecimientos, 
en 
particular, 
el 
Acuerdo 
Político 
que 
firmaron 
en 
agosto 
de 
2003, 
el 
Frente 
de 
Pueblos 
Unidos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra, 
el 
gobierno 
del 
Estado 
de 
México y 
el 
gobierno 
de 
la 
República, 
en 
el 
que 
destaca 
la 
voluntad 
de 
las 
partes 
para 
dar 
continuidad a 
la 
mesa 
de 
diálogo. 
Así 
como 
los 
antecedentes 
inmediatos 
durante 
la 
segunda 
quincena 
de 
abril, 
cuando 
se 
negociaron 
los 
espacios 
para 
la 
venta 
de 
flores 
en 
el 
mercado 
Belisario 
Dominguez 
en 
el 
municpio 
de 
Texcoco. 
En 
otro 
apartado, 
destacamos 
una 
básica 
cronología 
de 
los 
hechos, 
para 
situar 
los 
más 
relevantes. 

Como 
organización 
civil 
defensora 
de 
los 
derechos 
humanos, 
vemos 
importante 
puntualizar 
qué 
derechos 
humanos 
fueron 
violentados 
en 
este 
ejercicio 
del 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
pública, 
no 
es 
suficiente 
señalar 
simplemente 
que 
fueron 
violados 
los 
derechos 
humanos. 
Es 
un 
lugar 
común 
que 
puede 
prestarse 
para 
carecer 
de 
contenidos. 
Hacemos 
especial 
hincapié 
en 
este 
apartado 
debido a 
que 
no 
hay 
una 
cultura 
generalizada 
de 
los 
derechos 
humanos, 
ni 
de 
los 
instrumentos 
del 
derecho 
internacional 
que 
protegen y 
garantizan 
estos 
derechos. 

En 
otro 
apartado 
señalamos 
puntualmente 
quiénes 
son 
los 
perpetradores 
de 
estas 
violaciones y 
el 
discurso 
oficial 
que 
pretende 
justificar 
lo 
injustificable. 
Aquí 
destacamos 
que 
hay 
una 
responsabilidad 
del 
Estado, 
no 
de 
personas 
que, 
en 
lo 
individual, 
incurrieron 
en 
violaciones a 
los 
derechos 
humanos 
en 
donde 
no 
basta 
con 
una 
investigación 
administrativa, 
pues 
se 
requiere 
fincar 
responsabilidades, 
reparar 
el 
daño 
cometido y 
establecer 
medidas 
de 
no 
repetición. 
No 
se 
puede 
ser 
miembro 
del 
Consejo 
de 
Derechos 
Humanos 
de 
la 
ONU y 
consagrar 
la 
impunidad 
de 
policías 
que 
abusaron 
de 
manera 
desproporcionada 
de 
su 
fuerza. 

Terminamos 
este 
Informe 
con 
una 
serie 
de 
conclusiones y 
peticiones, 
en 
las 
que 
advertimos, 
en 
lo 
fundamental, 
que 
no 
es 
posible 
criminalizar 
las 
luchas 
sociales y 
aplicar 
el 
Estado 
de 
Derecho a 
conveniencia 
de 
intereses 
particulares. 
El 
Estado 
de 
Derecho 
aplica 
también, y 
sobre 
todo, 
al 
Estado 
mismo y a 
sus 
funcionarios, 
en 
particular 
aquellos 
que 
tienen 
mayor 
responsabilidad 
en 
los 
hechos y 
se 
escudan 
en 
acusaciones 
falsas o 
en 
un 
discurso 
parcial 
sobre 
el 
“Estado 
de 
Derecho”
. 


II. 
ANTECEDENTES 
a) 
Contexto 
socioeconómico 
de 
San 
Salvador 
Atenco, 
Estado 
de 
México 
El 
Estado 
de 
México 
cuenta 
con 
125 
municipios, y 
es 
una 
de 
las 
entidades 
del 
país 
con 
mayor 
número 
de 
habitantes. 
También 
es 
uno 
de 
los 
estados 
que 
presentan 
los 
niveles 
más 
altos 
de 
desempleo y 
migración. 
Actualmente, 
el 
desempleo 
oscila 
alrededor 
del 
5%
; 
durante 
este 
sexenio 
ha 
sido 
de 
los 5 
estados 
con 
los 
mayores 
índices 
de 
desocupación, 
desde 
el 
3.6% 
en 
2001 
hasta 
el 
5.1%
1 a 
finales 
del 
2005. 
De 
acuerdo 
con 
información 
del 
Colegio 
Mexiquense, 
durante 
una 
década 
la 
emigración 
de 
mexiquenses a 
Estados 
Unidos 
se 
ha 
incrementado 
en 
50 
por 
ciento, 
por 
causa 
de 
la 
pobreza y 
del 
desempleo 
de 
la 
región. 
Hasta 
mediados 
de 
1990 
quienes 
emigraban 
eran 
principalmente 
agricultores y 
prestadores 
de 
servicios, 
pero 
es a 
partir 
del 
2000 y 
durante 
el 
gobierno 
de 
Arturo 
Montiel 
que 
los 
estudiantes 
de 
nivel 
medio y 
superior 
han 
engrosado 
la 
lista 
de 
emigrantes, a 
causa 
del 
desempleo, 
uniéndose a 
jubilados 
que 
no 
pueden 
sobrevivir 
con 
sus 
bajas 
pensiones, y 
también 
amas 
de 
casa2. 

Atenco 
colinda 
al 
norte 
con 
Acolman y 
Tezoyuca, 
al 
sur 
con 
Texcoco, 
al 
este 
con 
Chiautla y 
Chiconcuac y 
al 
oeste 
con 
Ecatepec. 
De 
acuerdo 
con 
los 
últimos 
datos 
del 
Instituto 
de 
Información e 
Investigación 
Geográfica, 
Estadística y 
Catastral 
del 
Gobierno 
del 
Estado 
de 
México, 
cuenta 
cuenta 
una 
población 
de 
33, 
435 
habitantes, 
17,085 
hombres y 
17, 
350 
mujeres, 
la 
gran 
mayoría 
de 
ellos 
con 
servicios 
básicos 
precarios. 
Del 
total 
de 
viviendas, 
6,736, 
más 
de 
600 
no 
cuentan 
con 
agua, 
alrededor 
de 
1,200 
no 
cuentan 
con 
drenaje, 
casi 
200 
no 
cuentan 
con 
energía 
eléctrica, y 
el 
5% 
de 
la 
población 
mayor a 
15 
años 
vive 
sin 
alfabetización. 
Existen 7 
unidades 
médicas y 
cada 
una 
de 
ellas 
con 
un 
promedio 
de 
13 
médicos, 
los 
cuales 
en 
promedio 
deben 
atender 
cada 
uno a 
2,649 
habitantes. 
La 
cabecera 
municipal 
es 
San 
Salvador 
Atenco, 
cuyas 
principales 
actividades 
económicas 
son 
las 
agropecuarias, 
el 
comercio 
formal e 
informal, 
la 
artesanía 
de 
faja 
cinturón, 
la 
producción y 
maquila 
de 
prendas 
de 
vestir. 

Los 
habitantes 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
son 
en 
su 
mayoría 
campesinos 
ejidatarios 
que 
se 
dedican 
principalmente a 
la 
agricultura 
de 
subsistencia y 
comercial, 
actividades 
fundamentales 
para 
el 
sustento 
familiar. 
El 
pueblo 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
ha 
mantenido 
una 
fuerte 
tradición 
organizativa, 
el 
historiador y 
analista 
Lorenzo 
Meyer, 
habla 
de 
que 
la 
historia 
de 
choques 
del 
pueblo 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
con 
el 
gobierno 
mexicano 
data 
desde 
el 
siglo 
XIX3. 
Los 
sucesos 
más 
recientes 
son 
los 
relativos 
al 
movimiento 
de 
resistencia y 
de 
defensa 
de 
sus 
tierras 
en 
contra 
de 
la 
expropiación 
que 
el 
gobierno 
pretendió 
hacer 
en 
2001, 
sin 
haberlos 
informado y 
consultado, 
con 
motivo 
del 
malogrado 
proyecto 
del 
nuevo 
aeropuerto 
de 
la 
Ciudad 
de 
México 
en 
Texcoco. 
Durante 
esta 
experiencia, 
se 
conformó 
el 
Frente 
de 
Pueblos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra 
(FPDT)
, 
movimiento 
en 
torno 
al 
cual 
se 
articularon 
luchas 
regionales 
que 
no 
se 
limitaron 
únicamente a 
la 
defensa 
de 
la 
tierra. 

Recientemente, 
el 
movimiento 
respondió a 
la 
convocatoria 
de 
la 
Sexta 
Declaración 
de 
la 
Selva 
Lacandona 
al 
adherirse a 
la 
Otra 
Campaña, 
continuando 
así 
un 
acercamiento 
al 
EZLN 
iniciado 
con 
antelación. 
Es 
importante 
mencionar 
que 
este 
Centro 
de 
Derechos 
Humanos 
ha 
registrado 
desde 
inicios 
de 
este 
año, 
15 
eventos 
represivos 
en 
el 
marco 
de 
La 
Otra 
Campaña, 
en 
estados 
como 
Chiapas, 
Tabasco, 
Yucatán, 
Distrito 
Federal, 
Campeche y 
Quintana 
Roo, 
con 
acciones 
que 
violentan 
los 
derechos a 
la 
integridad 

1 
Con 
datos 
del 
INEGI y 
del 
grupo 
de 
Estudios 
Económicos 
del 
Grupo 
Financiero 
BBVA 
Bancomer, 
consultados 
en 

http://olganza.com/2006/04/20/regionesydesempleo/ 


2 
En revista 
Contralínea Estado de México, abril de 2006. 

http://edomex.contralinea.com.mx/archivo/2006/abril/htm/crece_emigracion_mexiquense.htm 3 
Lorenzo Meyer: “La declinación del foxismo”. Artículo publicado en varias páginas electrónicas, como  El Diario 

de Chihuahua y Tribuna de Campeche. FECHA? 


individual y 
comunitaria, a 
la 
libertad 
de 
expresión, a 
la 
participación, 
entre 
otros. 

b) 
La 
lucha 
contra 
la 
autoritaria 
expropiación 
de 
tierras 
ejidales4 

La 
represión 
contra 
el 
movimiento 
popular 
liderado 
por 
FPDT 
en 
el 
actual 
sexenio, 
inicia 
en 
octubre 
del 
2001 
con 
el 
anuncio 
del 
proyecto 
de 
construcción 
del 
aeropuerto 
en 
la 
zona 
de 
Texcoco, 
mismo 
que 
se 
diera a 
conocer 
con 
la 
expropiación 
que 
hiciera 
el 
Ejecutivo 
Federal, 
de 
alrededor 
de 
5, 
000 
hectáreas 
de 
tierras 
agrícolas 
de 
la 
zona, 
incluyendo 
las 
de 
los 
ejidatarios 
de 
San 
Salvador 
Atenco. 
El 
entonces 
Secretario 
de 
Comunicaciones y 
Transportes, 
Pedro 
Cerisola, 
confirmó 
que 
el 
Gobierno 
Federal 
no 
había 
informado a 
los 
afectados 
porque 
quería 
evitar 
especulaciones, y 
“pensaban 
que 
era 
lo 
mejor”
. 

Los 
dueños 
de 
las 
tierras y 
principales 
afectados 
por 
este 
proyecto 
no 
habían 
sido 
informados y 
mucho 
menos 
habían 
sido 
consultados 
para 
la 
definición 
del 
mismo, 
un 
proyecto 
gubernamentalprivado 
que 
afectaría 
su 
proyecto 
de 
vida 
tanto 
personal 
como 
comunitario. 
Con 
quien 
sí 
había 
conversado 
el 
Gobierno 
mexicano 
fue 
con 
los 
grupos 
interesados 
en 
el 
megaproyecto, 
empresas 
constructoras e 
inmobiliarias 
como 
ICA, 
Gutsa, y 
el 
Grupo 
Martínez 
Hermanos, 
además 
de 
“Aeropuerto 
Británico” y 
el 
aeropuerto 
de 
Franckfort. 
Las 
autoridades 
ofrecieron a 
la 
población 
la 
denigrante 
cantidad 
de 
siete 
pesos 
por 
metro 
cuadrado 
de 
sus 
tierras. 

Un 
grupo 
de 
más 
de 
500 
campesinos 
de 
Atenco 
inició 
la 
protesta 
el 
mismo 
día 
en 
que 
se 
anunció 
la 
expropiación. 
Se 
armaron 
de 
sus 
herramientas 
de 
trabajo y 
símbolos 
de 
lucha: 
los 
machetes; y 
bloquearon 
la 
carretera 
LecheríaTextoco 
denunciando 
que 
defenderían 
sus 
tierras. 
La 
Procuraduría 
General 
de 
Justicia 
del 
Estado 
libró 
las 
primeras 
órdenes 
de 
aprehensión 
contra 
los 
líderes 
del 
movimiento y 
así 
inicia 
la 
escalada 
represiva 
en 
contra 
del 
FPDT y 
de 
los 
ejidatarios 
en 
resistencia, 
basada 
en 
la 
criminalización y 
estigmatización 
del 
movimiento. 
En 
ese 
entonces, 
como 
ahora, 
hubo 
detenciones 
arbitrarias, 
cateos, 
órdenes 
de 
aprehensión, 
hostigamientos, 
amenazas, 
agresiones y 
lesiones; 
así 
como 
una 
campaña 
mediática 
intensiva 
para 
desprestigiar 
tanto 
al 
movimiento 
como a 
las 
personas 
que 
lo 
conformaban y a 
las 
organizaciones 
que 
se 
solidarizaron y 
apoyaron 
sus 
demandas. 

Durante 
los 
meses 
siguientes, 
las 
protestas y 
movilizaciones 
siguieron, 
exigiendo 
la 
cancelación 
del 
decreto y 
del 
proyecto. 
El 
11 
de 
julio 
de 
2002, 
más 
de 
cien 
campesinos 
organizados 
en 
el 
FPDT 
que 
trataban 
de 
hacer 
una 
manifestación 
contra 
Arturo 
Montiel, 
fueron 
reprimidos 
brutalmente 
mediante 
un 
operativo 
policiaco, 
en 
donde 
el 
exceso 
en 
que 
incurrieron 
las 
policías 
estatales 
se 
tradujo 
en 
disparos, 
gases 
lacrimógenos, 
persecuciones, 
cateos, 
allanamientos y 
detenciones 
arbitrarias. 
Más 
de 
20 
campesinos 
fueron 
lesionados, 
catorce 
personas 
fueron 
detenidas, 
entre 
ellos 
Ignacio 
del 
Valle. 
Estos 
sucesos 
desataron 
la 
inconformidad 
de 
los 
pobladores, 
quienes 
reaccionaron 
reteniendo a 
funcionarios 
públicos 
para 
negociar 
la 
liberación 
de 
sus 
compañeros. 
La 
Policía 
Federal 
Preventiva 
cercó a 
las 
comunidades 
de 
la 
zona. 
Los 
pobladores 
mostraron a 
los 
medios 
de 
comunicación a 
los 
13 
funcionarios 
retenidos, y 
condicionaron 
su 
libertad 
si a 
su 
vez, 
el 
gobierno 
liberaba a 
los 
campesinos 
detenidos. 
José 
Enrique 
Espinosa, 
campesino 
de 
Atenco, 
fue 
detenido 
por 
los 
policías, 
lesionado 
gravemente y a 
pesar 
de 
ello 
fue 
encarcelado 
sin 
recibir 
atención 
médica 
durante 
dos 
días, 
teniendo 
como 
resultado 
su 
muerte. 

La 
movilización y 
presión 
social 
nacional e 
internacional y 
de 
solidaridad 
con 
el 
movimiento, 
logró 
que, 
una 
vez 
que 
el 
Gobierno 
federal 
asumió 
la 
atención 
del 
conflicto 
en 
Atenco, 
se 
logrará 
la 
liberación 
de 
todos 
los 
presos 
el 
14 
de 
julio. 
Hasta 
entonces, 
después 
de 9 
meses 
de 
iniciado 
el 
conflicto, 
el 
Gobierno 
federal 
se 

4 
Con información del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas  (CIEPAC) 

http://www.ciepac.org/otras%20temas/atenco/cronologia.htm 


sentó 
en 
una 
mesa 
de 
diálogo y 
negociación 
con 
los 
campesinos. 
Tras 
diversas 
movilizaciones, 
el 1 
de 
agosto 
de 
2002 
las 
autoridades 
anunciaron 
la 
cancelación 
del 
proyecto 
en 
Texcoco y 
la 
abrogación 
del 
decreto 
expropiatorio, 
misma 
que 
se 
oficializó 
con 
la 
publicación 
en 
el 
Diario 
Oficial 
de 
la 
Federación 
el 5 
de 
agosto. 

Los 
sectores 
más 
reaccionarios 
criticaron 
esta 
decisión 
con 
severidad: 
empresarios, 
medios 
de 
comunicación, 
políticos y 
hasta 
jerarcas 
católicos, 
consideraron 
como 
una 
afrenta 
al 
Estado 
de 
Derecho 
el 
que 
los 
ejidatarios 
movilizados 
hubieran 
logrado 
la 
cancelación 
del 
proyecto, y 
en 
lo 
que 
no 
dudaron 
calificar 
como 
un 
desafío 
para 
las 
fuerzas 
del 
orden. 

Durante 
el 
conflicto 
por 
la 
expropiación 
de 
las 
tierras 
ejidales, 
el 
gobierno 
mexicano 
optó 
por 
un 
manejo 
político 
cuando 
ya 
era 
demasiado 
tarde 
para 
frenar 
el 
encono 
social 
por 
la 
ilegitimidad 
del 
proyecto. 
Lamentablemente, 
una 
sucia 
campaña 
en 
contra 
de 
la 
imagen 
del 
movimiento, 
su 
descalificación y 
la 
criminalización 
que 
hicieran 
de 
los 
campesinos 
tanto 
las 
autoridades 
como 
los 
propios 
medios 
de 
comunicación, 
hicieron 
que 
el 
estigma 
hacia 
los 
integrantes 
del 
FPDT y 
los 
pobladores 
se 
mantuviera 
como 
un 
factor 
que 
aumentó 
su 
vulnerabilidad 
social. 

c) 
Acuerdo 
Político 
entre 
el 
Gobierno 
del 
Estado 
de 
México, 
Gobierno 
de 
la 
República y 
el 
FPDT 

El 
18 
de 
agosto 
de 
2003, 
en 
San 
Salvador 
Atenco 
se 
reunieron 
el 
la 
plaza 
central 
algunos 
de 
los 
representantes 
del 
Frente 
de 
Pueblos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra 
con 
representantes 
de 
los 
tres 
niveles 
de 
gobierno. 
Por 
el 
Frente 
estuvieron, 
entre 
otros, 
Felipe 
Álvarez 
Hernández 
(actualmente 
preso 
en 
el 
Cefereso 
No. 
1)
, 
Cipriano 
Saúl 
Ríos 
Romero, 
Micaela 
Morales 
Galván 
(actualmente 
presa 
en 
Santiaguito) e 
Ignacio 
del 
Valle 
Medina 
(actualmente 
preso 
en 
el 
Cefereso 
No. 
1)
. 
Por 
parte 
del 
Gobierno 
del 
Estado 
de 
México, 
estuvieron 
el 
doctor 
Miguel 
Ángel 
Contreras 
Nieto, 
Subsecretario 
de 
Seguridad 
Pública; y 
en 
representación 
del 
Gobierno 
Federal, 
el 
licenciado 
Jorge 
Torres 
Castillo, 
Director 
Adjunto 
para 
la 
Atención 
de 
la 
Organizaciones 
Sociales. 
El 
encuentro 
tenía 
como 
finalidad 
la 
adopción 
de 
un 
acuerdo 
político 
para 
solucionar 
de 
manera 
alternativa 
las 
causas 
penales 
abiertas 
durante 
el 
proceso 
de 
defensa 
de 
la 
tierra y 
para 
garantizar 
la 
normalización 
de 
la 
vida 
institucional 
del 
Municipio 
de 
Atenco. 

En 
este 
acuerdo 
político, 
del 
cual 
el 
Centro 
Prodh 
ha 
podido 
allegarse 
una 
copia, 
en 
el 
CONSIDERANDO I 
se 
reconoce 
que 
el 
decreto 
expropiatorio 
para 
la 
construcción 
del 
Aeropuerto 
afectó a 
gran 
parte 
de 
los 
pueblos 
de 
Atenco y 
Texcoco, 
obligando a 
sus 
pobladores a 
defender 
las 
tierras 
que 
les 
fueron 
expropiadas 
sin 
previa 
consulta. 
En 
el 
II, 
se 
reconoce 
que 
la 
PGJE y 
la 
PGR 
iniciaron 
diversas 
averiguaciones 
previas y 
cinco 
procesos 
radicados 
en 
los 
juzgados 
penales 
en 
contra 
de 
los 
activistas. 
En 
el 
III 
se 
reconocen 
los 
encuentros 
iniciados 
en 
diciembre 
de 
2002 
para 
instalar 
una 
mesa 
de 
diálogo. 
En 
el 
IV, 
se 
considera 
que 
después 
de 
ocho 
meses 
de 
encuentros, 
trataron 
temas 
relativos a 
la 
gobernabilidad, a 
los 
expedientes 
penales 
pendientes, 
al 
apoyo a 
la 
familia 
de 
José 
Enrique 
Espinosa 
Juárez 
(fallecido a 
raíz 
de 
los 
acontecimientos 
del 
11 
de 
julio 
de 
2002)
, 
así 
como 
algunos 
relacionados 
con 
el 
diseño 
de 
planes y 
proyectos 
productivos 
para 
la 
región. 

En 
los 
ACUERDOS, 
en 
el 
numeral 
tercero, 
se 
establece a 
la 
letra: 
“Los 
Gobiernos 
Estatal y 
Federal 
se 
comprometen a 
no 
ejercer 
ningún 
tipo 
de 
acción 
jurídica 
en 
contra 
de 
los 
activistas y 
organizaciones 
sociales 
que 
participaron 
durante 
el 
movimiento 
por 
la 
defensa 
de 
la 
tierra”
. 
Por 
su 
parte 
el 
cuarto 
de 
los 
acuerdos, 
dice: 
“El 
Gobierno 
Federal 
se 
compromete a 
realizar 
las 
acciones 
necesarias 
ante 
la 
Representación 
Social 
de 
la 
Federación 
encaminadas 
al 
no 
ejercicio 
de 
la 
acción 
penal 
en 
contra 
de 
ninguno 
de 
los 
miembros 
del 
Frente 
de 
Pueblos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra 
con 
motivo 
de 
los 
hechos 
ocurridos 
el 6 
de 
julio 
del 
presente 
año”
. 


d) 
Conflictos 
con 
floricultores 

Teniendo 
el 
FPDT 
el 
carácter 
de 
actor 
político 
regional, 
fue 
natural 
su 
involucramiento 
en 
otras 
luchas y 
resistencias 
de 
la 
zona; 
una 
de 
ellas, 
la 
de 
los 
floricultores 
que 
comercian 
sus 
productos 
en 
Texcoco. 
Al 
respecto, 
es 
importante 
remarcar 
que 
la 
venta 
en 
la 
vía 
pública 
es 
una 
de 
las 
principales 
fuentes 
de 
ingresos y 
de 
subsistencia 
de 
los 
campesinos 
en 
esta 
región 
del 
Estado 
de 
México; 
también 
es 
importante 
señalar 
que 
se 
trata 
de 
un 
añejo y 
complejo 
problema 
cuya 
gestión 
dialogada 
compete a 
las 
autoridades 
municipales. 

Días 
antes 
de 
las 
jornadas 
violentas 
del 
03 y 
04 
de 
mayo 
de 
2006, 
el 
Frente 
apoyaba 
en 
su 
resistencia a 
algunos 
floricultores 
que 
no 
estaban 
de 
acuerdo 
en 
ser 
reubicados y 
desalojados 
por 
el 
Ayuntamiento 
de 
Texcoco. 
Hasta 
el 
momento 
desconocemos 
la 
estrategia, 
si 
la 
hubo, 
de 
negociación 
pacífica y 
las 
condiciones 
ofrecidas a 
los 
floricultores 
para 
su 
reubicación 
por 
parte 
del 
gobierno 
municipal, 
pero 
es 
necesario 
remarcar 
que 
el 
gobierno 
municipal y 
estatal 
dieron a 
esta 
problemática 
un 
tratamiento 
de 
amenaza a 
la 
seguridad y 
no 
de 
asunto 
socioeconómico, 
de 
resolución 
política. 

En 
menos 
de 
un 
mes, 
se 
registraron 
dos 
enfrentamientos 
entre 
agentes 
de 
la 
policía 
municipal y 
estatal 
con 
vendedores 
de 
flores 
que 
han 
estado 
por 
décadas 
frente 
al 
mercado 
Belisario 
Domínguez. 
De 
acuerdo 
con 
el 
presidente 
municipal, 
Nazario 
Gutiérrez 
Martínez, 
el 
programa 
de 
“Recuperación 
del 
Centro 
Histórico y 
de 
Mejoramiento 
de 
la 
Imagen 
Urbana 
del 
Lugar” 
implicaba 
necesariamente 
el 
desalojo 
de 
los 
floricultores. 
El 
Alcalde 
expresó 
que 
“la 
intención 
del 
gobierno 
local 
es 
reordenar 
el 
comercio 
en 
el 
primer 
cuadro 
de 
Texcoco y 
sólo 
unos 
cuantos 
floricultores 
se 
oponen a 
ser 
reubicados 
al 
espacio 
que 
ya 
ocupan 
otros 
de 
sus 
compañeros”
, 
por 
lo 
que 
solicitó 
la 
presencia 
de 
la 
policía 
estatal 
para 
resguardar 
el 
sitio, e 
impedir 
que 
los 
floricultores 
se 
instalaran 
nuevamente 
en 
la 
zona, a 
pesar 
del 
pago 
de 
impuestos 
anual 
que 
estos 
vendedores 
realizan y 
la 
negativa 
de 
varios 
de 
ellos 
de 
moverse 
de 
su 
lugar. 

Otros 
datos 
muestran 
que 
las 
condiciones 
que 
permitieron 
el 
conflicto 
fueron 
estableciéndose 
poco a 
poco. 
El 
lunes 
10 
de 
abril 
del 
2006, 
campesinos 
de 
la 
región 
de 
Texcoco 
llevaron 
sus 
hortalizas 
para 
venderlos 
en 
el 
mercado 
Belisario 
Domínguez, 
pero 
cerca 
de 
100 
policías 
municipales y 
20 
funcionarios 
del 
Ayuntamiento 
les 
impidieron 
trabajar, 
orillándoles a 
retirarse. 
De 
acuerdo 
con 
el 
periódico 
El 
Universal, 
el 
12 
de 
abril 
cerca 
de 
90 
floricultores 
se 
enfrentaron 
con 
50 
policías 
que 
intentaron 
desalojarlos 
por 
órdenes 
directas 
del 
Presidente 
Municipal. 
Una 
de 
las 
representantes 
de 
los 
productores 
de 
flor 
explicó 
que 
habían 
sido 
golpeados y 
que 
parte 
de 
su 
mercancía 
les 
había 
sido 
robada. 
Los 
floricultores 
golpearon 
varias 
unidades 
de 
la 
policía 
de 
Texcoco y 
causaron 
daños 
severos a 
cinco 
de 
las 
patrullas. 
En 
el 
enfrentamiento 
participaron 
integrantes 
del 
Frente 
de 
Pueblos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra. 
Por 
los 
hechos, 
el 
Ayuntamiento 
presentó 
una 
denuncia 
penal 
ante 
la 
Subprocuraduría 
de 
Justicia 
de 
Texcoco 
quedó 
asentada 
en 
el 
acta 
TEX/AMOD/III/438/06 
por 
daños 
en 
los 
bienes, 
lesiones y 
desobediencia a 
la 
autoridad. 
Por 
la 
tarde, 
los 
productores 
de 
flor y 
atenquenses 
protestaron 
frente a 
la 
Subprocuraduría 
de 
Justicia 
de 
Texcoco 
para 
denunciar 
la 
agresión. 
El 
alcalde 
Nazario 
Gutiérrez, 
culpó a 
los 
floricultores. 

El 
jueves 
20 
de 
abril, 
durante 
otro 
operativo, 
llegaron a 
Texcoco 
1000 
policías 
granaderos 
provenientes 
de 
diferentes 
lugares 
del 
estado, 
con 
150 
elementos 
de 
la 
policía 
municipal y 
50 
funcionarios, 
tomando 
por 
asalto 
el 
Mercado 
Belisario 
Dominguez. 
Los 
elementos 
de 
seguridad 
pública 
arremetieron 
sin 
distinción 
alguna 
contra 
mujeres y 
ancianos, 
quienes 
reportaron 
haber 
sido 
golpeados. 
Al 
día 
siguiente, 
viernes 
21 
de 
abril, 
los 
horticultores y 
floricultores 
solicitan 
sostener 
un 
diálogo 
público y 
la 
anulación 
de 
las 
ordenes 
de 
aprehensión. 
Esa 
misma 
semana, 
el 
martes 
25 
de 
abril, 
el 
Frente 
de 
Pueblos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra 
recibe a 
La 
Otra 
Campaña 
en 
San 
Salvador 
Atenco. 

Con 
estos 
antecedentes, 
el 2 
de 
mayo 
48 
floricultores 
realizaron 
una 
concentración 
en 
la 
Subprocuraduría 
de 
Texcoco 
para 
manifestarse 
en 
contra 
de 
la 
política 
municipal 
de 
reubicación 
de 
1200 


comerciantes 
ambulantes, 
impulsada 
por 
las 
autoridades. 
Particularmente, 
18 
de 
estos 
floricultores 
se 
opusieron a 
ser 
reubicados y 
se 
instalaron 
en 
el 
mercado 
local. 
Al 
día 
siguiente, 3 
de 
mayo 
de 
2006, 
elementos 
policiacos 
municipales y 
estatales 
desalojaron 
con 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
pública a 
los 
comerciantes 
de 
flores. 
Como 
resultado 
de 
tal 
acción 
se 
inició 
una 
escalada 
de 
violencia 
entre 
los 
comerciantes, 
sectores 
de 
la 
población 
que 
los 
apoyaba 
entre 
ellos 
el 
Frente 
de 
Pueblosy 
los 
miembros 
de 
las 
fuerzas 
policíacas. 


III. 
CRONOLOGíA DE 
HECHOS
Con 
la 
finalidad 
de 
aproximarnos 
de 
una 
manera 
objetiva e 
imparcial a 
los 
hechos 
ocurridos 
con 
fecha 3 y 4 
de 
mayo 
pasados 
en 
los 
poblados 
de 
Texcoco y 
San 
Salvador 
Atenco, 
Estado 
de 
México, 
en 
este 
apartado 
detallamos 
una 
cronología 
de 
hechos 
según 
los 
eventos 
que 
se 
fueron 
suscitando. 
Resulta 
necesario, 
pues 
hasta 
la 
fecha 
de 
la 
publicación 
de 
este 
informe, 
las 
autoridades 
policíacas 
involucradas 
en 
los 
hechos 
no 
han 
hecho 
publico 
el 
informe 
oficial 
que 
dé 
cuenta 
del 
desarrollo 
de 
los 
operativos y 
del 
estado 
de 
fuerza 
policiaca 
implementado 
en 
los 
mismos5. 

La 
metodología 
utilizada 
para 
realizar 
la 
presente 
cronología 
se 
basa 
en 
un 
comparativo 
de 
los 
hechos 
narrados, 
horas y 
cifras 
estimadas 
respecto 
al 
número 
de 
participantes 
del 
grupo 
civil, 
el 
estado 
de 
fuerza 
policiaca, 
las 
armas 
utilizadas 
por 
ambos 
grupos; y 
por 
último, 
los 
saldos 
finales. 
Dicha 
información 
es 
recopilada 
entre 
los 
datos 
que 
aportaron 
algunos 
medios 
de 
comunicación 
impresos 
tales 
como: 
los 
periódicos 
Reforma, 
Milenio, 
La 
Jornada, 
El 
Universal y 
la 
Revista 
Proceso. 
Lo 
anterior, 
con 
el 
objetivo 
de 
tener 
mayores 
elementos 
de 
análisis 
respecto a 
la 
actuación 
policíaca 
en 
los 
hechos 
del 3 y 4 
de 
mayo 
de 
este 
año y 
su 
apego a 
los 
lineamientos 
establecidos 
en 
los 
“Principios 
básicos 
sobre 
el 
empleo 
de 
la 
fuerza y 
de 
armas 
de 
fuego 
por 
los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley”6, y 
el 
Código 
de 
Conducta 
para 
servidores 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley, 
cuyas 
consideraciones 
establecen 
los 
estándares 
más 
altos a 
nivel 
internacional 
para 
regular 
la 
actuación 
policíaca. 

03 
de 
mayo, 
2006 

HORA# 
HECHOS 
NUMERO 
DE 
PARTICIPANTES Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
POBLACIÓN 
CIVIL 
ESTADO 
DE 
FUERZA Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
FUERZA 
PUBLICA 
6:30 – 
7:00 
hrs. 
Se 
registra 
un 
enfrentamiento 
entre 
policías 
municipales y 
estatales 
en 
contra 
de 
comerciantes e 
integrantes 
del 
Frente 
de 
Pueblos 
Unidos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra, a 
los 
que 
pretendían 
desalojar 
del 
lugar 
donde 
habitualmente 
comerciaban 
sus 
productos. 
De 
acuerdo 
con 
el 
desplegado 
del 
Presidente 
Municipal 
de 
Texcoco, 
Nazario 
Gutiérrez 
Martínez 
que 
aparece 
en 
algunos 
periódicos 
de 
circulación 
nacional, 
de 
fecha 4 
de 
mayo, 
el 
estado 
de 
fuerza 
fue 
de 
18 
floricultores y 
100 
activistas 
de 
Atenco. 
Según 
lo 
publicado 
en 
la 
prensa, 
el 
número 
de 
manifestantes 
era 
el 
siguiente: 
30 
floricultores (Reforma 
04/05/06) 
40 
floricultores(La 
Jornada 
04/05/06) 
60 
floricultores 
(El 
Universal 
04/05/06) . 
Estado 
de 
fuerza: 
200 
elementos en 
total 
divididos 
entre 
policías municipales y 
estatales (Reforma 
)
. 
Armas 
utilizadas: 
Toletes, 
escudos, y 
gases 

5 
Evidenciando 
una 
vez 
más 
la 
necesidad 
de 
acatar 
la 
recomendación 
hecha 
por 
la 
Oficina 
del 
Alto 
Comisionado 
de 
las 
Naciones 
Unidas 
para 
los 
Derechos 
Humanos 
en 
México, 
la 
cual 
consiste 
en 
la 
implementación 
de 
un 
sistema 
de 
monitoreo 
que 
informe 
continuamente 
sobre 
diversas 
situaciones 
en 
las 
que 
intervengan 
los 
cuerpos 
policíaco. 
Diagnóstico 
sobre 
la 
situación 
de 
los 
Derechos Humanos en 
México. 
Oficina 
del 
Alto 
Comisionado 
de 
las Naciones Unidas, 
2003. 
Seguridad 
Pública, 
2.2.9. 

6 
Adoptado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas con fecha 7 de septiembre de 1990 # 
Horas aproximadas 

9 


HORA 
HECHOS 
NUMERO 
DE 
PARTICIPANTES Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
POBLACIÓN 
CIVIL 
ESTADO 
DE 
FUERZA Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
FUERZA 
PUBLICA 
Armas 
utilizadas: 
lacrimógenos. 
Los 
habitantes 
de 
Atenco 
estaban 
armados 
con 
machetes y 
piedras 
(Reforma 
04/05/06) 
Saldo 
de 
heridos: 
En 
este 
enfrentamiento 
resultaron 
11 
policías 
municipales 
heridos, 
cuatro 
de 
gravedad 
(Diario 
Milenio, 
Reforma y 
La 
Jornada 
04/05/06) 
Saldo 
de 
heridos: 
Los 
medios 
consultados 
coinciden: 
El 
saldo 
es de 6 
heridos y 3 
detenidos 
8:008:
30 
Tras 
el 
primer 
enfrentamiento 
30 
personas 
se 
atrincheraron 
en 
un 
domicilio 
particular 
cercano 
al 
lugar 
del 
enfrentamiento, 
entre 
los 
que 
se 
encuentran 
líderes 
del 
Frente 
de 
Pueblos en 
Defensa 
de 
la 
Tierra. 
30 o 
40 
personas 
300 
policías estatales y 
municipales toman 
posiciones 
entre 
las calles Cristóbal 
Colón, 
Manuel 
González y Morelos.(La 
Jornada 
04/05/06) 
10:00 
hrs. A 
esta 
hora, 
alrededor 
de 
150 
habitantes 
de 
San 
Salvador 
Atenco, 
bloquearon 
la 
carretera 
LecheríaTexcoco, 
a 
la 
altura 
del 
km 
27 
(El 
Universal 
04/05/06) 
11:00 
hrs. 
Durante 
el 
bloqueo, 
miembros 
del 
FUDT 
comenzaron a 
atacar a 
una 
patrulla 
municipal 
de 
Ecatepec, 
los 
despojaron 
de 
sus 
armas y 
retuvieron a 
los 2 
tripulantes 
en 
demanda 
de 
la 
libertad 
de 
los 
comerciantes 
que 
estaban 
atrincherados 
en 
una 
casa 
de 
Texcoco. 
Más 
tarde, 
interceptaron a 4 
policías 
judiciales y 
los 
trasladaron 
al 
centro 
del 
poblado. 
La 
patrulla 
fue 
incendiada 
una 
hora 
después. 
13:4514:
00 
hrs 
Agentes 
de 
la 
policía 
municipal, 
estatal y 
federal, 
intentaron 
desalojar a 
los 
habitantes 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
de 
la 
carretera 
federal. 
Alrededor 
de 
800 
habitantes 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
los que 
se 
encuentran 
obstruyendo 
la 
carretera. 
(Milenio 
y el 
Universal 
04/05/06)
. 
Presencia 
de 
200 
policías 
federales 
armados con 
escudos y 
toletes.(Reforma 
04/05/06) 
Presencia 
de 
500 
efectivos 
estatales y 
municipales. 
(Milenio 
Diario 
04/05/06) 
Presencia 
de 
500 
policías de 
la 
policía 
estatal 
y de 
la 
Policía 
federal 
Preventiva 
(El 
Universal 
04/05/06) 
Armas 
utilizadas: 
Machetes, 
petardos, 
palos, 
piedras, 
bombas molotov siete 
cañones de 
Armas 
utilizadas: 
Gases lacrimógenos, 
escopetas 
de 
sal, 
macana 
y escudos de 


HORA 
HECHOS 
NUMERO 
DE 
PARTICIPANTES Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
POBLACIÓN 
CIVIL 
ESTADO 
DE 
FUERZA Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
FUERZA 
PUBLICA 
pólvora 
repletos de 
grava. 
protección. 
Altos jefes policiacos 
fueron 
observados con 
pistolas de 
grueso 
calibre 
para 
desalojarlos 
del 
plantón 
de 
la 
carretera. 
(Milenio 
diario 
04/05/06) 
“
Se 
presume 
que 
los efectivos 
también 
dispararon 
armas de 
fuego, 
pues en 
el 
sitio 
se 
encontraron 
casquillos calibres 
.38 
y .9 
mm" 
(El 
Universal 
04/05/06) 
La 
participación 
de 
un 
helicóptero 
respaldó 
la 
labor 
policíaca 
lanzando 
bombas 
lacrimógenas desde 
el 
aire 
que 
iban 
dirigidas contra 
de 
los 
miembros del 
Frente 
de 
pueblos 
en 
defensa 
de 
la 
Tierra. 
(Milenio 
040506) 
14:30 
hrs. 
Los 
cuerpos 
policíacos 
municipal, 
estatal y 
federal 
emprendieron 
un 
nuevo 
intento 
de 
desalojo 
de 
la 
carretera 
federal, 
al 
mismo 
tiempo, 
pretendían 
ingresar a 
la 
cabecera 
municipal 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
para 
liberar a 
los 
agentes 
Daniel 
Guzmán 
Sosa y 
Carlos 
Hernández 
Ortega. 
Se 
desató 
nuevamente 
un 
fuerte 
enfrentamiento, 
en 
donde 
después 
de 
20 
minutos, 
el 
intento 
de 
la 
policía 
fracasa y 
aproximadamente 
400 
policías 
son 
obligados a 
replegarse 
un 
kilómetro 
con 
dirección a 
Texcoco. 
Después 
del 
segundo 
ataque 
en 
la 
carretera, 
se 
constata 
que 
los 
policías 
se 
desquitan 
lanzando 
piedras a 
los 
vidrios 
de 
las 
indefensa 
casas 
construidas 
sobre 
el 
camino, 
incendiando 
algún 
extraviado 
auto o 
golpeando 
con 
sus 
macanas a 
los 
fotógrafos 
de 
Associated 
Press y 
la 
Jornada 
en 
su 
camino. 
(Milenio 
Diario 
04/05/06) 
“
Escenas 
de 
policías 
golpeados y 
de 
vecinos 
que 
recibían 
toletazos 
se 
repitieron 
durante 
la 
pelea”(Reforma 
Para 
entonces, 
se 
habla 
de 
200 
agentes 
federales, 
400 
elementos 
de 
la 
policía 
estatal 
(Reforma 
04.0506) 



HORA 
HECHOS 
NUMERO 
DE 
PARTICIPANTES Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
POBLACIÓN 
CIVIL 
ESTADO 
DE 
FUERZA Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
FUERZA 
PUBLICA 
04/05/06) 
14:40 
hrs. 
Algunos 
de 
los 
manifestantes 
detuvieron a 
un 
policía 
federal 
que 
quedó 
rezagado 
tras 
el 
enfrentamiento. 
Además 6 
elementos 
de 
la 
Agencia 
Federal 
de 
Investigación 
son 
retenidos 
por 
los 
lugareños y 
lo 
trasladaron 
al 
Auditorio 
Emiliano 
Zapata 
de 
San 
Salvador 
Atenco. 
15:15 
hrs 
Los 
habitantes 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
hicieron 
un 
llamado a 
sus 
vecinos 
para 
concentrarse 
en 
la 
carretera 
TexcocoLecheria. 
15:30 
hrs. 
Durante 
un 
tercer 
enfrentamiento, 
los 
pobladores 
de 
San 
Salvador 
Atenco, 
nuevamente 
repelen a 
los 
uniformados 
por 
lo 
cual 
estos abandonan 
el 
lugar. 
Saldo 
total 
de 
los 
enfrentamientos: 
(Milenio 
Diario 
y El 
Universal 
04/05/06)
: 
La 
muerte 
de 
Javier 
Cortés 
Santiago, 
de 
14 
años de 
edad 
10 
pobladores lesionados (dos por 
arma 
de 
fuego) 
Saldo 
total 
de 
los 
enfrentamientos: 
(Milenio 
Diario 
y el 
Universal) 
34 
efectivos heridos, 8 
graves 
4 
policías prisioneros en 
el 
auditorio 
Emiliano 
Zapata 
9 
policías retenidos 
17:15 
hrs. 
En 
Texcoco, 
agentes 
antimontines 
del 
Estado 
de 
México, 
lanzan 
gases 
lacrimógenos 
contra 
la 
casa 
ubicada 
en 
la 
Calle 
de 
Morelos, 
donde 
se 
habían 
atrincherado 
desde 
las 
8:30 
hrs. 
los 
floricutores y 
miembros 
del 
Frente 
de 
Pueblos 
Unidos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra. 
En 
el 
operativo 
detienen a 
Ignacio 
del 
Valle, 
junto 
con 
28 
personas más. 
29 
personas de 
acuerdo, 
señala 
que 
eran 
50 
personas las atrincheradas 
aunque 
solo 
se 
detuvo a 
28. 
(El 
Universal 
y Milenio 
Diario) 
500 
policías estatales 
antimotines ( 
La 
jornada 
y El 
Universal 
04/05/06)
) 
8:00 
p.
m 
Los 
pobladores 
de 
San 
Salvador 
Atenco, 
que 
mantenían 
cerrada 
la 
carretera 
TexcocoLechería 
permanecen 
apostados 


04 
de 
mayo, 
2006


HORA# 
HECHOS 
NUMERO 
DE 
PARTICIPANTES Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
POBLACIÓN 
CIVIL 
ESTADO 
DE 
FUERZA Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
FUERZA 
PUBLICA 
6:00 
hrs. 
La 
Policía 
del 
Estado 
de 
México y 
la 
Policía 
Federal 
Preventiva 
comenzaron 
su 
ingreso a 
San 
Salvador 
Atenco. 
El 
operativo 
tenía 
como 
objeto 
rescatar a 
los 
policías 
que 
se 
encontraban 
retenidos 
en 
el 
Auditorio 
Emiliano 
Zapata, 
así 
como 
para 
retirar 
el 
bloqueo 
de 
la 
carretera 
TexcocoLechería, 
que 
llevaba 
aproximadamente 
20 
horas. 
Luego 
de 
enfrentamientos, 
lograron 
controlar 
la 
plaza 
de 
San 
Salvador 
Atenco. A 
las 
7:30 
hrs. 
comenzó 
la 
detención 
de 
los 
últimos 
hombres y 
mujeres 
que 
resistieron. 
300 
personas, 
quienes 
estaban 
apostados 
en 
la 
periferia 
de 
la 
comunidad. 
En 
tanto, 
los 
ejidatarios 
inconformes, 
comenzaron a 
repeler 
la 
embestida 
policiaca 
con 
piedras, 
palos, 
cohetes 
y bombas molotov (La 
Jornada) 
200 
personas 
que 
intentaron 
impedir 
el 
bloqueo 
en 
San 
Salvador 
Atenco 
(Revista 
Proceso 
070506 
pp. 
33) 
Intervención 
de 
1,500 
policías 
federales, a 
cuyo 
enfrente 
se 
encontraba 
el 
jefe 
del 
Estado 
Mayor 
de 
la 
Policía 
Federal 
Preventiva 
Ardelio 
Vargas 
Fosado. 
En 
total 
había 
3,000 
eran 
el 
contingente 
de 
la 
fuerza 
pública 
(Revista 
Proceso 
070506 
pp.32) . 
“
Durante 
la 
intervención 
hubo 
golpes, 
además 
de 
los 
gases 
lacrimógenos, 
hubo 
golpes 
con 
toletes y 
los 
puños, 
patadas e 
insultos 
como 
respuestas 
de 
los 
policías 
estatales a 
los 
detenidos 
de 
Atenco”
. 
(Reforma 
040506) 
De 
acuerdo 
con 
el 
periódico , 
afirma 
que 
las 
frecuencias 
de 
la 
Policía 
Estatal 
reportaron 
que 
tenían 
concentrado 
un 
estado 
de 
fuerza 
de 4 
mil 
agentes, 
locales y 
federales, 
en 
espera 
de 
recibir 
órdenes 
en 
los 
municipios 
de 
Ecatepec, 
Acolman y 
Texcoco.(Reforma 
040506 
p.6) 
7:45 
hrs. 
Los policías federales y estatales ya 
controlaban 
todo 
el 
pueblo. 
Los 
agentes locales tomaron 
posesión 
de 
los principales accesos a 
San 
Salvador 
Atenco, 
y las fuerzas de 
la 
Policía 
Federal 
Preventiva 
catearon 
decenas 
de 
viviendas. 
16:30 
hrs 
Las fuerzas federales y estatales se 
retiraron 
del 
lugar 
Saldo: 
106 
detenidos 
que 
junto 
con 
los 
detenidos 
el 
día 
anterior, 
dan 
un 
total 
de 
217. 
De 
ellos, 
203 
se 
encuentran 
en 
el 
penal 
de 
Santiaguito, 
en 
Almoloya 
de 
Juárez, 
Estado 
de 
México, 
donde 
rindieron 
su 
declaración 
ministerial, y 
14 
en 
hospitales 
de 
Toluca, 
en 
los 
que 
reciben 
atención 
médica 
por 
las 

# 
Horas aproximadas 


HORA 
HECHOS 
NUMERO 
DE 
PARTICIPANTES Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
POBLACIÓN 
CIVIL 
ESTADO 
DE 
FUERZA Y 
SALDO 
DE 
HERIDOS 
POR 
PARTE 
DE 
LA 
FUERZA 
PUBLICA 
lesiones 
que 
presentan 
tras 
su 
aprehensión. 
101 
personas 
fueron 
detenidas 
el 
día 
miércoles y 
el 
día 
jueves 
fueron 
106 
más, 
dando 
un 
total 
de 
207. 
189 
recluidas 
en 
en 
Penal 
de 
Santiaguito, 
cuatro 
están 
hospitalizados 
en 
el 
Hospital 
general 
de 
Toluca, 
cuatro 
menores 
fueron 
puestos 
en 
libertad 
por 
falta 
de 
elementos, 
nueve 
remitidos 
al 
Consejo 
Tutelar 
Quinta 
del 
Bosque, 
en 
Zinacantepec, 
dos 
presos 
en 
en 
el 
penal 
federal 
de 
La 
Palma y 
cinco 
extranjeros 
fueron 
puesto a 
disposición 
del 
Instituto 
Nacional 
de 
Migración.(Reforma 

El 
análisis 
de 
correlación 
de 
fuerzas 
entre 
los 
grupos 
enfrentados 
los 
días 3 y 4 
de 
mayo 
en 
Texcoco y 
San 
Salvador 
Atenco, 
Estado 
de 
México, 
se 
hace 
conforme 
al 
promedio 
resultante 
en 
la 
comparación 
de 
las 
cifras 
señaladas 
por 
los 
diarios 
citados 
en 
la 
cronología 
de 
hechos. 

1.Por 
lo 
que 
respecta a 
los 
hechos 
sucedidos 
el 
día 3 
de 
mayo a 
las 7 
horas 
de 
la 
mañana, 
el 
promedio 
de 
la 
correlación 
de 
fuerzas 
era 
de 
200 
elementos 
policíacos 
municipales y 
estatales 
contra 
aproximadamente 
45 
inconformes. 
Es 
decir, 
una 
correlación 
de 
cuatro 
policías a 
uno 
de 
los 
manifestantes. 
Si 
consideramos 
que 
el 
artículo 3 
del 
"Código 
de 
Conducta 
para 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley" 
establece 
que 
el 
uso 
de 
la 
fuerza 
está 
regulado 
por 
el 
principio 
de 
proporcionalidad 
que 
consiste 
en 
que 
"los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley 
deben 
ejercer 
moderación y 
actuarán 
en 
proporción a 
la 
gravedad 
del 
delito y 
al 
objetivo 
legítimo 
que 
se 
persigue"
. 
Por 
lo 
tanto, 
la 
correlación 
de 
fuerzas 
antes 
señalada y 
la 
justificación 
oficial 
de 
la 
presencia 
policíaca 
nos 
permite 
considerar 
el 
incumplimiento 
del 
principio 
de 
proporcionalidad 
que 
debe 
regir 
la 
actuación 
de 
las 
fuerzas 
públicas. 

2.En 
cuanto a 
los 
enfrentamientos 
sucedidos 
entre 
habitantes 
de 
San 
Salvador 
Atenco y 
los 
elementos 
policíacos 
cuyo 
pretexto 
fue 
el 
de 
despejar 
la 
carretera 
federal 
TexcocoLechería 
que 
los 
primeros 
mantenían 
cerrada 
el 
día 
miércoles 3 
de 
mayo, 
el 
estado 
de 
fuerza 
arroja 
que 
presuntamente 
los 
habitantes 
rebasaban 
en 
número a 
los 
elementos 
de 
la 
fuerza 
pública. 
De 
acuerdo 
con 
la 
información 
recabada, 
la 
correlación 
era 
de 
aproximadamente 
800 
civiles 
armados 
con 
machetes, 
petardos, 
palos, 
piedras, 
bombas y 
cañones 
de 
pólvora 
contra 
500 
elementos 
policíacos 
municipales y 
estatales 
además 
de 
200 
policías 
federales, 
cuyo 
arsenal 
consistía 
en 
gases 
lacrimógenos, 
escopetas 
de 
sal, 
macana y 
escudos, 
armas 
de 
fuego y 
un 
helicóptero. 
El 
saldo 
de 
heridos 
resulta 
mayor 
por 
parte 
de 
los 
cuerpos 
policíacos. 
Sin 
embargo, 
el 
hecho 
de 
que 
entre 
los 
pobladores 
movilizados 
haya 
habido 
una 
muerte 
la 
de 
un 
adolescente, 
permite 
afirmar 
que 
las 
fuerzas 
públicas 
hicieron 
uso 
letal 
de 
armas 
de 
fuego 
sin 
que 
haya 
elementos 
para 
sostener 
que 
la 
muerte 
del 
joven 
era 
absolutamente 
necesario, 
como 
lo 
exige 
el 
Principio 9 
de 
los 
Principios 
Básicos 
sobre 
el 
Empleo 
de 
la 
Fuerza y 
de 
Armas 
de 
Fuego 
de 
Naciones 
Unidas. 

14 


3.Por 
último, 
las 
cifras 
del 
operativo 
implementado 
el 
jueves 4 
de 
mayo, 
dan 
cuenta 
de 
la 
superioridad 
cuantitativa 
de 
los 
elementos 
de 
la 
fuerza 
pública 
en 
relación 
con 
el 
grupo 
de 
los 
habitantes 
de 
San 
Salvador 
Atenco. 
La 
correlación 
resulta 
ser 
de 
4,000 
policías 
vs. 
300 
civiles. 
Es 
decir, 
una 
relación 
de 
10 a 
1. 
Evidentemente, 
en 
esta 
acción 
de 
la 
fuerza 
pública 
no 
existió 
ninguna 
sujeción a 
los 
principios 
de 
absoluta 
necesidad, 
razonabilidad y 
proporcionalidad, 
consumándose 
las 
violaciones a 
derechos 
humanos 
que 
enseguida 
se 
enuncian. 


IV. 
VIOLACIONES 
A DERECHOS 
HUMANOS
En 
el 
trabajo 
de 
observación 
civil y 
documentación 
que 
el 
Centro 
Prodh 
ha 
realizado 
sobre 
los 
hechos 
ocurridos 
en 
San 
Salvador 
Atenco, 
hemos 
rincipios 
Básicos 
sobre 
el 
Empleo 
de 
la 
Fuerza y 
de 
armas 
de 
fuegopodido 
recabar 
testimonios 
que 
dan 
cuenta 
de 
los 
abusos y 
las 
violaciones a 
derechos 
humanos 
que 
fueron 
cometidas. 

A 
continuación, 
presentamos 
un 
recuento 
de 
lo 
que 
hasta 
ahora 
hemos 
registrado, 
distinguiendo 
dos 
grandes 
grupos: 
el 
de 
las 
violaciones a 
derechos 
humanos 
que 
han 
sido 
plenamente 
corroboradas y 
el 
de 
aquellas 
que 
se 
encuentran 
en 
proceso 
de 
documentación, 
con 
indicios 
suficientes 
para 
presumir 
que 
comprometen 
la 
responsabilidad 
del 
Estado. 

a) 
Verificadas 

1. 
Uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
pública. 
1.1 
Fundamento7 
Como 
hemos 
señalado a 
lo 
largo 
de 
este 
informe, 
la 
actuación 
de 
las 
entidades 
policiacas 
no 
es 
ajena 
al 
Estado 
de 
Derecho. 
Sin 
embargo, 
cuando 
los 
gobiernos 
despliegan 
la 
fuerza 
pública 
deben 
sujetarse a 
una 
serie 
de 
principios y 
normas 
para 
regular 
su 
actuación, 
incluso 
en 
aquellos 
casos 
en 
los 
que 
las 
autoridades 
intervienen 
para 
reestablecer 
el 
orden 
público. 
De 
lo 
contrario, 
las 
acciones 
gubernamentales 
configurarían 
un 
uso 
excesivo e 
ilegítimo 
de 
la 
fuerza 
pública. 
De 
acuerdo 
con 
los 
Principios 
Básicos 
sobre 
el 
Empleo 
de 
la 
Fuerza y 
de 
armas 
de 
fuego 
por 
los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley,
8 y 
con 
el 
Código 
de 
Conducta 
para 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley9, 
existen 
tres 
principios 
rectores 
del 
uso 
de 
la 
fuerza 
por 
entidades 
policiacas: 
absoluta 
necesidad, 
razonabilidad y 
proporcionalidad. 

Como 
regla 
general, 
el 
Artículo 3 
del 
Código 
de 
Conducta 
señala 
“Los 
funcionarios 
encargados 
de 
hace 
cumplir 
la 
ley 
podrán 
usar 
la 
fuerza 
sólo 
cuando 
sea 
estrictamente 
necesario y 
en 
la 
medida 
que 
lo 
requiera 
el 
desempeño 
de 
sus 
tareas”
. 
Para 
definir 
la 
necesidad, 
los 
Principios 
sobre 
el 
Empleo 
de 
la 
Fuerza 
establecen 
que 
“los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley10, 
en 
el 
desempeño 
de 
sus 
funciones, 
utilizarán 
en 
la 
medida 
de 
lo 
posible 
medios 
no 
violentos 
antes 
de 
recurrir 
al 
empleo 
de 
la 
fuerza y 
de 
armas 
de 
fuego. 
Podrán 
utilizar 
la 
fuerza y 
armas 
de 
fuego 
solamente 
cuando 
otros 
medios 
resulten 
ineficaces o 
no 
garanticen 
de 
ninguna 
manera 
el 
logro 
del 
resultado 
previsto.
” 

Por 
su 
parte, 
los 
Principios 
establecen 
en 
el 
número 
9: 
“Los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley 
no 
emplearán 
armas 
de 
fuego 
contra 
las 
personas 
salvo 
en 
defensa 
propia o 
de 
otras 
personas, 
en 
caso 
de 
peligro 
inminente 
de 
muerte o 
lesiones 
graves, 
con 
el 
propósito 
de 
evitar 
la 
comisión 
de 
un 
delito 
particularmente 
grave 
que 
entrañe 
una 
seria 
amenaza 
para 
la 
vida, 
con 
el 
objeto 
de 
detener a 
una 
persona 
que 
represente 
ese 
peligro y 
oponga 
resistencia a 
su 
autoridad, o 
para 
impedir 
su 
fuga, y 
sólo 
en 
el 
caso 
de 

7 
Hemos 
decidido 
basar 
la 
fundamentación 
de 
las 
violaciones 
sólo 
en 
instrumentos 
internacionales 
de 
derechos 

humanos. 
Si, 
de 
acuerdo 
con 
el 
secretario 
de 
Gobierno 
del 
Estado 
de 
México, 
las 
autoridades 
mexiquenses 
no 

pueden 
realizar 
operativos 
de 
seguridad 
pública 
“con 
la 
Constitución 
en 
la 
mano”
, 
son 
otras 
las 
fuentes 
legales a 
las 

que nos vemos forzados a recurrir.
   8 
Adoptado por la ONU el 07 de septiembre de 1990 9 
Adoptado por la ONU el 17 de diciembre de 1979.
 10 
De 
conformidad 
con 
el 
comentario 
al 
artículo 1 
del 
Código 
de 
conducta 
para 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 

cumplir 
la 
ley, 
la 
expresión 
"funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley" 
incluye a 
todos 
los 
agentes 
de 
la 
ley, 

ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. 


que 
resulten 
insuficientes 
medidas 
menos 
extremas 
para 
lograr 
dichos 
objetivos. 
En 
cualquier 
caso, 
solo 
se 
podrá 
hacer 
uso 
intencional 
de 
armas 
letales 
cuando 
sea 
estrictamente 
inevitable 
para 
proteger 
una 
vida.
” 

En 
el 
caso 
del 
operativo 
realizado 
en 
San 
Salvador 
Atenco 
el 
04 
de 
mayo 
pasado, 
si 
bien 
las 
circunstancias 
podrían 
justificar 
la 
necesidad 
del 
uso 
de 
la 
fuerza 
pública 
para 
la 
liberación 
de 
policías 
retenidos, 
al 
determinar 
si 
el 
uso 
de 
la 
fuerza 
pública 
no 
incurrió 
en 
excesos 
es 
necesario 
evaluar 
también 
si 
en 
ella 
hubo 
proporcionalidad y 
razonabilidad. 

Al 
respecto, 
los 
citados 
Principios 
señalan 
que 
“Cuando 
el 
empleo 
de 
armas 
sea 
inevitable, 
los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley: 
a) 
Ejercerán 
moderación y 
actuarán 
en 
proporción a 
la 
gravedad 
del 
delito y 
al 
objetivo 
legítimo 
que 
se 
persiga; 
b) 
Reducirán 
al 
mínimo 
los 
daños y 
lesiones y 
respetarán y 
protegerán 
la 
vida 
humana; 
c) 
Procederán 
de 
modo 
que 
se 
presten 
lo 
antes 
posible 
asistencia y 
servicios 
médicos a 
las 
personas 
heridas o 
afectadas; 
d) 
Procurarán 
notificar 
lo 
sucedido, a 
la 
menor 
brevedad 
posible, a 
los 
parientes o 
amigos 
íntimos 
de 
las 
personas 
heridas o 
afectadas.
” 

Como 
muestra 
el 
siguiente 
testimonio, 
durante 
los 
hechos 
acaecidos 
en 
San 
Salvador 
Atenco 
el 
04 
de 
mayo, 
el 
uso 
de 
la 
fuerza 
pública 
fue 
excesivo 
pues 
no 
respetó 
estos 
criterios; 
es 
decir, 
conforme 
se 
han 
venido 
esclareciendo 
los 
hechos 
es 
evidente 
que 
una 
acción 
de 
tal 
grado 
de 
violencia 
no 
era 
necesaria, 
que 
la 
violencia 
no 
fue 
proporcional a 
la 
resistencia 
de 
la 
gente, y 
que 
el 
operativo 
no 
se 
guió 
por 
la 
más 
elemental 
razonabilidad. 
La 
totalidad 
de 
los 
testimonios 
recabados, 
confirman 
lo 
dicho. 

1.2 
Testimonios 
“Por 
la 
mañana 
del 
día 
siguiente 
(04 
de 
mayo 
en 
la 
carretera 
LecheríaTexcoco) 
como a 
eso 
de 
las 
seis 
de 
la 
mañana 
se 
montaron 
guardias 
en 
los 
cuatro 
puntos 
donde 
posiblemente 
podía 
entrar 
la 
policía, 
se 
escuchaban 
rumores 
de 
que 
la 
policía 
iba a 
entrar. 
Los 
estudiantes 
nos 
reunimos y 
dijimos 
que 
no 
íbamos a 
encabezar 
nada, 
que 
sólo 
estábamos 
para 
apoyar. 
En 
eso 
empezó 
el 
conflicto, 
empezaron a 
aventar 
bombas 
con 
gas 
lacrimógeno, 
la 
gente 
ya 
no 
tenía 
fuerza 
para 
resistir, 
los 
granaderos 
avanzaban 
hacia 
nosotros, 
así 
que 
corrimos y 
vi 
que 
de 
una 
casa 
nos 
abrieron 
las 
puertas, 
ya 
iba 
un 
muchacho 
herido 
que 
iba 
sangrando, 
lo 
habían 
golpeado 
con 
una 
bomba 
de 
gas 
que 
le 
pegó 
en 
la 
cabeza y 
su 
papá 
lo 
acompañaba, 
yo 
los 
seguí 
todo 
el 
tiempo a 
ellos. 
Entramos a 
la 
casa 
que 
era 
de 
dos 
pisos, 
mucha 
gente 
entró 
ahí, y 
como 
20 
personas 
se 
subieron a 
un 
segundo 
piso, 
entre 
ellos 
había 
un 
doctor 
que 
bajó a 
darle 
atención 
médica 
al 
muchacho, 
se 
dieron 
cuenta 
que 
tenía 
abierta 
la 
cabeza, 
expuesta. 
Posteriormente 
se 
paró 
un 
granadero 
en 
la 
puerta y 
golpeó 
la 
reja 
con 
su 
macana, 
preguntó 
“quién 
vive 
aquí?
” 
la 
gente 
se 
empezó a 
inquietar, 
yo y 
otras 
12 
personas 
nos 
escondimos 
en 
un 
cuartito 
de 
baño 
junto a 
las 
escaleras. 
La 
policía 
entró 
con 
gritos, 
insultos, 
yo 
escuchaba 
que 
decían: 
“putas, 
con 
que 
sus 
pinches 
bombitas 
que 
estaban 
haciendo 
eh?
” 
yo 
no 
podía 
ver, 
pero 
escuché a 
otras 
compañeras 
que 
venían 
con 
nosotros 
de 
la 
universidad 
que 
gritaban 
que 
no 
las 
golpearan, 
luego 
escuché 
tres 
disparos, 
supongo 
que 
sacaron 
más 
gente 
de 
esa 
casa. 

“Susana” 
estudiante, 
32 
años 

El 
jueves 
04 
de 
mayo, 
como a 
las 9 o 
10 
de 
la 
mañana 
estaba 
en 
mi 
casa, 
en 
el 
patio 
trasero, 
le 
estaba 
dando 
de 
comer a 
mis 
animalitos. 
En 
eso 
vi 
que 
llegaron 
como 
30 
granaderos, 
entraron a 
mi 
casa 
con 
insultos y 
me 
agarraron, 
me 
empiezan a 
golpear 
entre 
varios, 
me 
decían 
“ahora 
si 
ya 
te 
cargó 
la 
chingada”
. 
Mi 
vecina 
vio 
todo 
eso y 
les 
gritaba 
que 
no 
me 
detuvieran 
que 
yo 
tenía 
problemas 
de 
salud, 
que 
estaba 
enfermo, 
pero 
no 
le 
hicieron 
caso. 
Mi 
esposa y 
mi 
hijo 
que 
estaban 
dentro 
de 
la 
casa 
escucharon 
lo 
que 
estaba 
pasando y 
salieron a 
decirles 
que 
no 
me 
golpeen, 
que 
con 
qué 
derecho 
entraban a 
nuestra 
casa, 
pero 
también 
los 
detuvieron y 
ahí 
mismo 
los 
golpearon a 
los 
dos. 
Nos 
sacaron a 
rastras 
de 
la 
casa y a 
mi 
me 
separaron 
de 


ellos, 
me 
llevaron a 
un 
terreno 
baldío 
que 
está 
camino a 
Chiconcuá y 
me 
siguieron 
golpeando 
con 
sus 
macanas 
en 
la 
cabeza, 
en 
la 
cara, 
en 
el 
pecho, 
en 
los 
testículos, 
me 
daban 
con 
todo, 
ya 
ni 
supe 
cuántos 
eran, 
pero 
me 
daban 
con 
las 
macanas y 
me 
pateaban. 
Luego 
me 
subieron a 
un 
camión 
tipo 
de 
pasajeros, 
apenas 
pude 
ver a 
mi 
esposa y 
mi 
hijo 
también 
arriba, 
pero a 
mi 
en 
cuanto 
me 
subieron, 
me 
aventaron 
contra 
el 
piso y 
un 
policía 
me 
pisaba 
la 
cabeza 
para 
que 
no 
me 
moviera, 
sentía 
como 
que 
bailaba 
en 
mi 
nuca. 
Así 
llegamos 
al 
reclusorio, 
me 
volvieron a 
patear 
ahí 
mismo 
porque 
me 
decían 
que 
caminara 
pero 
ya 
ni 
podía 
moverme. 
Cuando 
me 
hicieron 
bajar 
del 
camión a 
patadas, 
una 
persona 
que 
estaba 
ahí, 
creo 
que 
era 
enfermera 
les 
dijo: 
“
a 
este 
ya 
mejor 
ni 
lo 
metan, 
se 
va a 
morir, 
llévenlo 
directo 
al 
hospital” 
me 
subieron a 
una 
ambulancia y 
me 
quitaron 
la 
ropa 
ensangrentada 
que 
traía, 
ahí 
se 
quedó. 

“José” 
padece 
problemas 
neurológicos, 
62 
años. 

Entró 
la 
policía y 
me 
detuvieron, 
me 
agarraron 
entre 
varios y 
me 
empezaron a 
golpear 
en 
la 
cara, 
la 
cabeza y 
las 
costillas, 
también 
en 
las 
rodillas, 
en 
ese 
momento 
nomás 
sentí 
mucho 
dolor 
en 
mi 
brazo, 
sentí 
como 
me 
lo 
habían 
quebrado. 
Yo 
más 
bien 
trataba 
de 
protegerme 
el 
pecho 
porque 
hace 
unos 
años 
me 
operaron 
del 
corazón y 
no 
quería 
que 
me 
dieran 
en 
la 
herida. 
Luego 
me 
subieron a 
un 
camión y 
llegué 
con 
otros 
al 
reclusorio, 
ahí 
con 
todo 
que 
tenía 
el 
brazo 
flojo, 
un 
policía 
todavía 
me 
dio 
un 
golpe 
en 
el 
estómago y 
otro 
en 
las 
costillas, 
luego 
ya 
me 
dejaron 
en 
paz y 
me 
trajeron 
al 
hospital. 
En 
esos 
momentos 
yo 
pensaba 
que 
por 
qué 
tenían 
que 
tratarnos 
así, 
por 
qué 
llegar a 
esos 
extremos, 
si 
tenemos 
delito 
pues 
que 
nos 
digan, 
que 
nos 
hagan 
pagar 
con 
cárcel 
si 
dicen 
que 
hicimos 
mal, 
pero 
esa 
no 
es 
justificación 
para 
tratarnos 
como 
nos 
trataron, 
que 
nos 
juzguen y 
nos 
encierren 
según a 
su 
antojo 
si 
quieren. 

“Antonio”
, 
vendedor 
ambulante, 
57 
años 

2. 
Detenciones 
arbitrarias 
2.1 
Fundamento 
El 
derecho a 
la 
libertad 
personal 
se 
encuentra 
ampliamente 
reconocido 
en 
los 
instrumentos 
de 
derechos 
humanos. 
Normalmente, 
se 
asocia a 
la 
necesidad 
de 
resguardar a 
ciudadanos y 
ciudadanas 
de 
privaciones 
arbitrarias o 
ilegales 
de 
la 
libertad. 
El 
Artículo 9 
del 
Pacto 
Internacional 
de 
Derechos 
Civiles y 
Políticos 
establece: 
“Nadie 
podrá 
ser 
sometido a 
detención o 
prisión 
arbitraria. 
Nadie 
podrá 
ser 
privado 
de 
su 
libertad, 
salvo 
por 
las 
causas 
fijadas 
por 
ley y 
con 
arreglo 
al 
procedimiento 
establecido 
en 
ésta”
. 
Por 
su 
parte, 
la 
Convención 
Americana 
ordena 
“Nadie 
puede 
ser 
privado 
de 
su 
libertad 
física, 
salvo 
por 
las 
causas y 
en 
las 
condiciones 
fijadas 
de 
antemano 
por 
las 
Constituciones 
Políticas 
de 
los 
Estados 
Parte o 
por 
las 
leyes 
dictadas 
conforme a 
ellas”
. 

La 
Corte 
Interamericana 
de 
Derechos 
Humanos 
ha 
explicado 
que 
el 
concepto 
de 
“arbitrariedad” 
al 
no 
es 
aplicable 
solamente a 
las 
detenciones 
practicadas 
sin 
satisfacer 
las 
formalidades 
legales, 
sino 
que 
brinda 
un 
protección 
más 
amplia 
“según 
la 
cual 
nadie 
puede 
ser 
sometido a 
detención o 
encarcelamiento 
por 
causa 

o 
métodos 
que 
aún 
calificados 
de 
legalespuedan 
reputarse 
como 
incompatibles 
con 
el 
respeto a 
los 
derechos 
fundamentales 
del 
individuo 
por 
ser, 
entre 
otras 
cosas, 
irrazonables, 
imprevisibles, o 
faltos 
de 
proporcionalidad.”11 
La 
gran 
mayoría 
de 
las 
personas 
que 
fueron 
detenidas 
el 4 
de 
mayo 
fue 
privada 
arbitrariamente 
de 
su 
libertad. 
La 
autoridad 
ha 
alegado 
que 
se 
encontraban 
en 
flagrante 
comisión 
de 
un 
delito; 
sin 
embargo, 
las 
irregularidades 
presentadas 
en 
los 
procesos 
penales 
muestran 
la 
falta 
de 
sustento 
de 
esta 
aseveración: 
el 
hecho 
de 
que 
los 
detenidos 
no 
conozcan 
las 
acusaciones 
hechas 
en 
su 
contra y 
las 
evidentes 
dificultades 
de 

11 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gangaram Panday (Fondo), párr. 47. 


la 
autoridad 
para 
acreditar 
las 
indagatorias 
dan 
cuenta 
de 
la 
imposibilidad 
de 
mostrar 
sin 
lugar a 
dudas 
la 
manera 
en 
que, 
supuestamente, 
los 
más 
de 
doscientos 
detenidos 
cometían 
delitos. 
Por 
otra 
parte, 
es 
de 
sobra 
conocido 
que 
en 
México 
la 
flagrancia 
sirve 
para 
recubrir 
de 
formalidad 
legal 
las 
negligencias 
del 
sistema 
de 
procuración y 
administración 
de 
justicia. 

En 
este 
sentido, 
aún 
cuando 
en 
los 
expedientes 
se 
haya 
trabajado 
y 
se 
trabajepara 
formalizar 
las 
detenciones 
masivas, 
las 
imágenes 
difundidas 
en 
medios 
de 
comunicación, 
corroboradas 
en 
la 
documentación 
de 
los 
hechos, 
bastan 
para 
sostener 
que 
el 
modo 
en 
que 
las 
detenciones 
fueron 
realizadas 
es 
incompatible 
con 
los 
derechos 
fundamentales. 

2.2 
Testimonios 
El 
04 
de 
mayo, 
alrededor 
de 
las 
8.30 
am, 
nos 
encontrábamos 
escondidos 
en 
una 
casa, 7 
hombres, 
dos 
mujeres, y 
un 
niño 
de 
14 
años. 
Llegaron 
como 
15 
granaderos y 
entraron a 
la 
casa, 
llegaron 
insultándonos, 
golpearon 
al 
niño 
que 
estaba 
tratando 
de 
cambiarse 
su 
camisa 
porque 
estaba 
impregnada 
con 
gas 
lacrimógeno, 
lo 
golpearon 
entre 
varios 
hasta 
que 
lo 
dejaron 
ensangrentado. 
Nos 
ordenaron 
hincarnos 
frente a 
una 
pared 
con 
las 
manos 
en 
la 
nuca y 
la 
camisa 
tapándonos 
el 
rostro, 
empezaron a 
golpearnos 
con 
las 
macanas 
en 
la 
cabeza y 
nos 
llevaron 
detenidos. 

“Lorena” 
estudiante 
de 
22 
años 

Encerraron a 
la 
familia 
en 
un 
cuarto 
[ahí] 
tenían a 
niños y 
una 
mujer 
embarazada, 
gasearon, 
rompieron 
vidrios. 
César 
del 
Valle 
estaba 
adentro, 
lo 
sacaron, 
encañonaron a 
dos 
muchachos. 
Les 
cortaron 
cartucho y 
de 
ahí 
se 
llevaron a 
tres 
hermanos y 
brutalmente 
los 
golpearon. 
Nuevamente a 
esas 
personas 
[de 
la 
casa] 
las 
volvieron a 
encerrar y 
las 
volvieron a 
gasear. A 
nadie 
le 
enseñaron 
un 
papel 
de 
orden 
de 
aprehensión, 
ellos 
llegaron, 
[desde] 
el 
helicóptero 
señalaron a 
dónde 
había 
gente, 
por 
una 
persona 
de 
aquí 
mismo 
del 
pueblo 
que 
fue 
quien 
señaló 
todo. 
Ahí 
sin 
orden 
de 
aprehensión, 
ni 
de 
cateo, 
sin 
nada, 
la 
casa 
quedó 
destrozada. 
Sin 
nada 
se 
llevaron 
cosas. 
Sin 
orden 
de 
aprehensión, 
ni 
de 
cateo 
[se 
llevaron a 
los 
muchachos] y 
la 
casa 
quedó 
destrozada 
La 
verdad 
es 
que 
no 
sabemos 
las 
cosas 
que 
sacaron 
[
y 
se 
llevaron]
. 
Fue 
algo 
inhumano. 

“Rosa” 
27 
años 

3. 
Allanamiento y 
robo: 
violación a 
la 
inviolabilidad 
del 
domicilio. 
3.1 
Fundamento 
De 
acuerdo 
con 
múltiples 
testimonios, 
durante 
el 
operativo 
realizado 
el 
04 
de 
mayo 
en 
San 
Salvador 
Atenco, 
elementos 
de 
Seguridad 
Pública 
del 
Estado 
de 
México y 
de 
la 
Policía 
Federal 
Preventiva 
irrumpieron 
violenta e 
indiscriminadamente 
en 
domicilios 
de 
esta 
población. 
Con 
ello, 
las 
autoridades 
violentaron 
el 
derecho a 
la 
intimidad y a 
la 
inviolabilidad 
del 
domicilio. 

En 
el 
derecho 
internacional 
de 
los 
derechos 
humanos, 
la 
privacía 
del 
domicilio 
se 
encuentra 
reconocida 
en 
diversos 
instrumentos. 
El 
Pacto 
Internacional 
de 
Derechos 
Civiles y 
Políticos 
señala 
en 
su 
Artículo 
17: 
“1. 
Nadie 
será 
objeto 
de 
injerencias 
arbitrarias o 
ilegales 
en 
su 
vida 
privada, 
su 
familia, 
su 
domicilio o 
su 
correspondencia, 
ni 
de 
ataques 
ilegales a 
su 
honra y 
reputación”
. 
Por 
su 
parte, 
la 
Convención 
Americana 
de 
Derechos 
Humanos 
en 
su 
Artículo 
11 
establece: 
“2. 
Nadie 
puede 
ser 
objeto 
de 
injerencias 
arbitrarias o 
abusivas 
en 
su 
vida 
privada, 
en 
la 
de 
su 
familia, 
en 
su 
domicilio o 
en 
su 
correspondencia, 
ni 
de 
ataques 
ilegales a 
su 
honra o 
reputación”
. 

En 
lo 
que 
respecta 
al 
derecho a 
la 
confidencialidad 
del 
hogar, 
ambas 
normas 
coinciden 
en 
que 
la 


intimidad 
del 
domicilio 
debe 
preservarse a 
toda 
costa. 
El 
Comité 
de 
Derechos 
Humanos 
ha 
señalado 
que 
aún 
cuando 
exista 
orden 
legal 
para 
catear 
un 
domicilio, 
las 
consecuecias 
negativas 
de 
esta 
intromisión 
en 
la 
vida 
privada 
deben 
atenuarse 
cuanto 
sea 
posible: 
“los 
registros 
en 
el 
domicilio 
de 
una 
persona 
deben 
limitarse a 
la 
búsqueda 
de 
pruebas 
necesarias y 
no 
debe 
permitirse 
que 
constituyan 
un 
hostigamiento”12. 
En 
el 
mismo 
tenor, 
la 
Comisión 
Interamericana 
de 
Derechos 
Humanos 
ha 
establecido 
sobre 
la 
inviolabilidad 
del 
domicilio: 

“[que] 
además 
de 
operar 
como 
una 
garantía 
del 
derecho a 
la 
privacidad, 
es 
una 
garantía 
del 
debido 
proceso 
en 
tanto 
establece 
un 
límite a 
la 
recolección 
de 
la 
prueba 
incriminatoria 
de 
un 
individuo 
imputado 
de 
un 
delito”
. 

En 
Atenco, 
las 
corporaciones 
policiacas 
irrumpieron 
en 
cuanto 
domicilio 
pudieron. 
Sin 
exhibir 
órdenes 
de 
cateo 
mismas 
que 
probablemente 
fueron 
fabricadas 
tras 
los 
hechos, 
los 
policías 
se 
sirvieron 
de 
informantes 
que 
señalaron, 
puerta 
por 
puerta, 
las 
casas 
de 
los 
miembros 
del 
Frente. 
Asimismo, 
ingresaron 
en 
domicilios 
de 
personas 
ajenas 
al 
movimiento. 
Destrozos, 
robo, 
despojo y 
violencia 
excesiva 
fueron 
la 
constante. 

3.2 
Testimonios 
El 
cuatro 
de 
mayo 
como a 
las 
seis 
de 
la 
mañana 
se 
empezaron a 
oír 
muchos 
cuetes y 
había 
mucho 
humo 
espeso. 
Escuchamos 
mi 
esposo y 
yo 
los 
disparos 
temprano. A 
las 
siete 
[de 
la 
manana]los 
elementos 
policiacos 
iban 
corriendo 
sobre 
los 
terrenos y 
supe 
que 
detuvieron a 
varias 
personas. 
Alrededor 
de 
las 
ocho 
de 
la 
mañana 
se 
congregaron 
alrededor 
de 
la 
casa y 
vimos 
que 
estaban 
sentados 
afuera. 
Nosotros 
sólo 
veíamos a 
los 
que 
estaban 
sentados 
enfrente 
de 
la 
casa, 
eran 
alrededor 
de 
unos 
treinta 
policías 
(...
) 
Los 
policías 
que 
venían 
vestidos 
de 
negro, 
gris y 
camuflajeado 
nos 
ordenaron 
que 
abrieramos 
nuestra 
casa 
para 
que 
supuestamente 
vieran 
que 
teníamos 
escondido. 
Entraron y 
destrozaron 
todo, 
voltearon 
toda 
la 
casa y 
yo 
no 
seguí a 
la 
policía 
que 
se 
llevó a 
mi 
esposo 
porque 
había 
puesto 
en 
una 
de 
las 
habitaciones a 
mis 
hijos y 
yo 
me 
puse 
en 
la 
puerta 
en 
la 
que 
ellos 
se 
encontraban. 
Les 
gritaba 
que 
por 
favor 
no 
pasaran, 
que 
había 
niños, 
les 
pedía 
que 
tuvieran 
piedad 
que 
sólo 
había 
unos 
niños, 
que 
ellos 
no 
habían 
hecho 
nada. A 
pesar 
de 
mis 
súplicas 
los 
policías 
entraron 
al 
cuarto y 
mis 
hijos 
comenzaron a 
gritar y 
la 
policía a 
revolver 
todo 
lo 
que 
encontraba a 
su 
paso. 
Mis 
hijos 
se 
encontraban 
en 
un 
espacio 
que 
había 
entre 
la 
pared y 
la 
cama y 
se 
habían 
cubierto 
con 
un 
cobertor 
pero 
como 
comenzaron a 
gritar 
la 
policía 
los 
vio, 
les 
apuntó 
con 
sus 
armas, 
revisaron 
todo 
el 
cuarto 
lo 
voltearon 
todo y 
después 
se 
retiraron. 

”Mariana” 
ama 
de 
casa, 
32 
años. 

El 
día 
jueves, 
como a 
las 8 
de 
la 
mañana, 
entraron a 
mi 
domicilio a 
“puro 
trancazo”
, 
policías 
estatales y 
federales 
que, 
algunos 
venían 
vestidos 
de 
verde 
con 
blanco y 
uno 
de 
ellos 
venía 
con 
el 
rostro 
cubierto. 
Creo 
que 
fueron 
como 
unos 
quince o 
algo 
así, 
porque 
los 
carros 
estaban 
parados a 
fuera 
de 
mi 
domicilio. 
Entraron 
porque 
lo 
hicieron 
rompiendo 
con 
una 
hacha 
la 
puerta 
de 
fierro 
que 
tengo y 
cuando 
entraron, 
la 
verdad 
es 
que 
no 
digo 
que 
fui 
golpeada, 
pero 
si 
me 
amenazaron, 
me 
decían 
“Hijos 
de 
la 
chingada, 
usted 
se 
hace 
pinche 
pendeja 
[...]”
. 
Me 
fotografiaron 
ahí, a 
una 
amiga 
que 
venía, a 
mi 
hija y 
yo. 
Ahí 
nos 
tomaron 
la 
fotografía. 
Nos 
sacaron y 
nos 
pusieron 
en 
la 
pared, 
así, 
en 
la 
pared 
con 
las 
manos 
al 
frente. 
(...
) 
Esculcaron 
en 
toda 
mi 
casa 
quedó 
toda 
volteada. 
En 
mi 
casa 
yo 
tenía a 
15 
estudiantes 
del 
CCH y 
cuando 
abrieron 
la 
puerta 
que 
parten 
carrera 
todos, 
pero 
de 
todos 
modos 
los 
detuvieron, 
los 
sacaron 
de 
mi 
domicilio y 
los 
golpearon. 

“María” 
ama 
de 
casa, 
67 
años 

Anduvieron 
saqueando 
casas 
de 
aquí, 
allanando 
domicilios, 
no 
es 
suficiente 
lo 
que 
argumentan 
esas 
personas. 
Fueron 
varias 
(casas 
cateadas) 
lo 
que 
argumentan 
es 
que 
ahí 
quedaron 
algunas 
personas. 
Por 
aquí 
[la 
casa 
allanada] 
estaba 
tapizado 
de 
granaderos 
entre 
200 y 
300, 
rompieron 
todos 
los 
vidrios y 

12 
Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 16, párr. 7.  


apuntaron 
sus 
armas 
hacia 
las 
personas, 
no 
importándoles 
que 
había 
gente 
mayor y 
niños 
pequeños. 

“Rosa” 
27 
años 

Sí 
nos 
atacaron 
joven, 
sólo 
por 
ser 
familia 
de 
Nacho, 
no 
nos 
merecíamos 
eso 
porque 
ni 
Nacho 
es 
delincuente, 
él 
no 
tiene 
delito 
¿por 
qué 
lo 
golpean, 
por 
qué 
lo 
agarran 
así 
de 
esa 
manera?
. 
¿
Y 
por 
qué a 
nosotros 
la 
familia?
. 
Por 
qué, 
no 
se 
merece 
uno 
eso, 
era 
una 
ola 
de 
granaderos, 
era 
una 
ola 
que 
usted 
si 
hubiera 
visto..
. 
No 
más 
oía 
el 
traquilazo 
de 
vidrios 
que 
caían y 
lo 
que 
decía 
yo, 
bueno, a 
nosotros 
que 
nos 
lleven 
ya, 
pero 
mis 
niños, 
que 
bueno 
que 
murieran 
igual 
con 
nosotros. 

Tengo 
una 
hija 
con 
su 
bebito, 
ahí 
estábamos 
con 
ella, 
ya 
no 
más 
fue 
ella 
que 
les 
dijosálganse 
porque 
aquí 
son 
puros 
niños, 
sálganse 
que 
son 
niños¡
Ay 
señora! 
Yo 
cuando 
vi 
ya 
estaban 
apuntando 
por 
las 
ventanas, 
¿cómo 
dice 
el 
gobierno 
que 
no 
traen 
armas?
, 
cómo 
no 
van a 
traer 
armas, 
sí 
traían 
armas, 
los 
golpearon a 
mis 
hijos, 
porque 
los 
vecinos 
vieron 
desde 
sus 
techos 
cómo 
se 
los 
sacaron 
desde 
acá, 
se 
los 
llevaron, 
unos 
dicen 
que 
los 
llevan 
ya 
desmayados, 
[por 
qué 
si 
ellos] 
dicen 
que 
no 
hicieron 
nada. 
Por 
qué 
el 
helicóptero 
aquí 
rodeándonos, 
¿qué 
somos? 
No 
somos 
delincuentes, 
somos 
gente 
pacífica. 
Sí 
lo 
que 
peleamos, a 
lo 
mejor 
yo 
también 
he 
abierto 
los 
ojos, 
son 
nuestros 
derechos, 
son 
nuestros 
derechos 
nada 
más. 

Mama 
de 
indalecio, 
60 
años 

CASA 
VISITADA 
en 
San 
Salvador 
Atenco, 
060506 


En 
un 
espacio 
grande 
de 
terreno 
se 
encuentran 
tres 
casas, 
en 
la 
parte 
central 
está 
la 
casa 
donde 
habitan 
dos 
personas 
mayores y 
sus 
hijos. 
La 
casa 
en 
la 
que 
sólo 
habían 
dejado 
una 
recámara 
intacta, 
ya 
habían 
empezado a 
alzar 
cosas y 
limpiar 
para 
poder 
continuar 
su 
vida 
cotidiana, 
La 
puerta 
de 
la 
entrada y 
todos 
los 
vidrios 
de 
las 
ventanas 
se 
encuentran 
rotos, 
dentro 
en 
la 
pared y 
el 
techo 
son 
visibles 
huellas 
de 
los 
impactos 
de 
al 
menos 2 
petardos y 
una 
granada 
de 
gas 
lacrimógeno, 
los 
otros 
dos 
objetos 
más 
pequeños 
que 
se 
encuentran 
tirados 
tienen 
impresa 
indicaciones 
“para 
uso 
de 
la 
fuerzas 
militares y 
de 
seguridad o 
para 
personal 
capacitado”
. 
En 
una 
de 
las 
recámaras 
donde 
estaban 
los 
niños y 
las 
mujeres, 
una 
de 
ellas 
embarazada, 
había 
dos 
camas y 
una 
cuna, 
todo 
se 
encontró 
revuelto, 
con 
ropa 
tirada y 
vidrios 
encima 
de 
las 
camas. 
La 
otra 
casa, 
más 
chica 
en 
donde 
estaban 
tres 
niños 
con 
su 
mamá, 
también 
estaba 
en 
desorden 
con 
los 
vidrios 
de 
las 
ventanas 
rotos. 

4. 
Trato 
inhumano a 
las 
personas 
privadas 
de 
su 
libertad 
4.1. 
Fundamento 
Al 
ser 
remitidas 
directamente 
al 
Centro 
de 
Readaptación 
“Santiaguito”
, 
las 
personas 
detenidas 
por 
los 
hechos 
del 
03 y 
04 
de 
mayo 
se 
encontraron 
privadas 
de 
su 
libertad 
y, 
por 
tanto, 
protegidas 
por 
la 
legislación 
aplicable a 
quienes 
son 
recluidos 
en 
centros 
penitenciarios. 
Estos 
derechos 
fundamentales 
han 
sido 
reconocidos 
en 
el 
Artículo 
10 
del 
Pacto 
Internacional 
de 
Derechos 
Civiles y 
Políticos, 
mismo 
que 
establece 
que 
“1. 
Toda 
persona 
privada 
de 
libertad 
será 
tratada 
humanamente y 
con 
el 
respeto 
debido a 
la 
dignidad 
inherente 
al 
ser 
humano”
; y 
por 
la 
Convención 
Americana 
de 
Derechos 
Humanos, 
que 
estipula 
en 
el 
Artículo 

5: 
“2. 
Nadie 
debe 
ser 
sometido a 
torturas 
ni a 
penas o 
tratos 
crueles, 
inhumanos o 
degradantes. 
Toda 
persona 
privada 
de 
la 
libertad 
será 
tratada 
con 
el 
respeto a 
la 
dignidad 
inherente 
al 
ser 
humano 
(...)”
. 
Asimismo, 
el 
segundo 
de 
los 
Principios 
para 
la 
protección 
de 
todas 
las 
personas 
sometidas a 
cualquier 
forma 
de 
detención o 
prisión 
de 
las 
Naciones 
Unidas 
recomienda: 
“El 
arresto, 
la 
detención o 
la 
prisión 
sólo 
se 
llevarán a 
cabo 
en 
estricto 
cumplimiento 
de 
la 
ley y 
por 
funcionarios 
competentes o 
personas 
autorizadas 
para 
ese 
fin”
. 
Como 
muestra 
el 
siguiente 
testimonio, 
estos 
derechos 
no 
han 
sido 
respetados 
en 
el 
caso 
de 
los 
detenidos 
en 
Atenco y 
Texcoco. 


4.2 
Testimonios 
Nos 
bajaron 
del 
camión, y 
al 
entrar 
al 
reclusorio 
nos 
siguieron 
golpeando, 
según 
nosotros 
creíamos 
que 
acá 
ya 
no 
nos 
iban a 
hacer 
nada, 
pero a 
la 
entrada 
nos 
hicieron 
pasar 
por 
una 
fila 
de 
policías 
que 
nos 
siguieron 
golpeando, 
nos 
daban 
con 
los 
toletes. A 
los 
hombres 
nos 
han 
tratado 
más 
duro 
que a 
las 
mujeres, 
ellas 
están 
mejor, 
con 
agua, 
miel y 
dulces 
por 
lo 
de 
la 
huelga. 
Pero a 
nosotros 
los 
hombres 
no 
nos 
dejan 
hacer 
llamadas, 
el 
agua 
es 
limitada y 
hay 
veces 
que a 
nuestros 
familiares 
les 
niegan 
el 
paso, 
nos 
tienen 
de a 
15 
en 
cada 
cuarto. 

“Fernando” 
24 
años, 
campesino 

5. 
Violaciones 
al 
debido 
proceso 
legal 
5.1 
Fundamento 
El 
Artículo 8 
de 
la 
Convención 
Americana 
establece 
el 
derecho 
al 
debido 
proceso. 
De 
acuerdo 
con 
la 
Corte 
Interamericana 
se 
trata 
de 
“las 
condiciones 
que 
deben 
cumplirse 
para 
asegurar 
la 
adecuada 
defensa 
de 
aquellos 
cuyos 
derechos u 
obligaciones 
están 
bajo 
consideración 
judicial”13;
. 
En 
el 
caso 
de 
las 
personas 
inculpadas 
de 
delito, 
estas 
son: 
el 
derecho a 
la 
presunción 
de 
inocencia; 
el 
derecho a 
una 
comunicación 
previa y 
detallada 
de 
la 
acusación 
formulada; 
el 
derecho a 
que 
le 
sean 
concedidos 
al 
inculpado 
el 
tiempo y 
los 
medios 
adecuados 
para 
la 
preparación 
de 
su 
defensa; 
el 
derecho 
del 
inculpado 
de 
ser 
asistido 
por 
un 
defensor 
de 
su 
elección y 
de 
comunicarse 
libre y 
privadamente 
con 
éste; 
el 
derecho a 
ser 
asistido 
por 
un 
defensor 
de 
oficio; 
el 
derecho a 
no 
ser 
obligado a 
declarar 
contra 
sí 
mismo 
ni a 
declararse 
culpable; y 
el 
derecho a 
la 
publicidad 
del 
proceso 
penal. 
El 
debido 
proceso 
incluye 
también 
el 
derecho a 
ser 
oído 
por 
un 
juez 
independiente e 
imparcial. 

Prácticamente 
desde 
el 
momento 
de 
la 
detención, 
las 
personas 
relacionadas 
con 
los 
hechos 
del 
03 y 
04 
de 
mayo 
vieron 
violado 
su 
derecho 
al 
debido 
proceso 
legal: 
fueron 
incomunicados, 
no 
tuvieron 
acceso a 
sus 
abogados, 
no 
conocieron 
la 
acusación 
hecha 
en 
su 
contra, 
declararon 
sin 
asistencia 
letrada y 
permanecieron 
en 
incertidumbre 
jurídica. 

5.2 
Testimonio 
Cuando 
me 
llamaron a 
declarar 
según 
que 
con 
el 
Juez, 
que 
no 
conocí, 
me 
dijeron 
que 
me 
acusaban 
de 
ataques a 
las 
vías 
generales, 
de 
secuestro 
equiparado y 
delincuencia 
organizada. 
Me 
asignaron 
un 
defensor 
de 
oficio 
que 
prácticamente 
no 
estuvo 
en 
mi 
declaración, 
escuchó 
algo 
sobre 
lo 
que 
me 
decían y 
se 
iba a 
dar 
vueltas 
en 
el 
juzgado, 
que 
según 
iba a 
ver a 
otros 
detenidos, 
pero 
no 
era 
cierto, 
nomás 
andaba 
por 
ahí, 
pero 
nunca 
me 
asesoró. 
El 
personal 
del 
juzgado 
que 
me 
tomó 
mi 
declaración 
me 
dijo 
que 
si 
“declaraba o 
no, 
era 
lo 
mismo.
” 

“Fernando” 
24 
años, 
campesino 

Como 
mi 
esposo 
no 
estuvo 
de 
acuerdo 
con 
la 
declaración 
que 
le 
leyeron 
en 
el 
juzgado, 
les 
dijo 
que 
le 
hicieran 
las 
correcciones, 
es 
abogado y 
sabe 
más, 
pero 
como 
era 
la 
tercera 
vez 
que 
pedía 
que 
escribieran 
exactamente 
lo 
que 
él 
decía, 
ya 
no 
le 
quisieron 
corregir 
el 
acta, y 
le 
dijeron 
que 
entonces 
se 
iba a 
quedar 
sin 
firmar, y 
que a 
él 
le 
iba a 
ir 
peor. 

“Lupita” 
57 
años, 
esposa 
de 
detenido 

13 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC9/
87, párrs. 27 28.
 


6. 
La 
expulsión 
arbitraria 
de 
extranjeros 
6.1 
Fundamento 
A 
consecuencia 
de 
los 
hechos 
de 
Atenco, 5 
personas 
de 
nacionalidad 
extranjera 
fueron 
deportadas. 
Buscando 
justificar 
su 
decisión, 
la 
autoridad 
migratoria 
ha 
sostenido 
que 
se 
trató 
de 
“un 
acto 
de 
autoridad”
. 
La 
explicación 
es, 
desde 
luego, 
insuficiente: 
pese a 
ser 
un 
acto 
soberano, 
expulsar a 
una 
persona 
de 
México 
es 
una 
decisión 
que 
debe 
respetar 
las 
garantías 
que 
en 
el 
derecho 
internacional 
de 
los 
derechos 
humanos 
han 
definido 
para 
proteger a 
los 
extranjeros 
que 
se 
hallan 
legalmente 
en 
un 
país. 
El 
Artículo 
13 
del 
Pacto 
Internacional 
de 
Derechos 
Civiles y 
Políticos 
señala: 
“El 
extranjero 
que 
se 
halle 
legalmente 
en 
el 
territorio 
de 
un 
Estado 
Parte 
sólo 
podrá 
ser 
expulsado 
de 
él 
en 
cumplimiento 
de 
una 
decisión 
adoptada 
conforme a 
la 
ley; 
y, a 
menos 
que 
razones 
imperiosas 
de 
seguridad 
nacional 
se 
opongan a 
ello, 
se 
permitirá a 
tal 
extranjero 
exponer 
las 
razones 
que 
lo 
asistan 
en 
contra 
de 
su 
expulsión, 
así 
como 
someter 
su 
su 
caso a 
revisión 
ante 
autoridad 
competente o 
bien 
ante 
la 
persona o 
personas 
designadas 
especialmente 
por 
dicha 
autoridad 
competente y 
hacerse 
representar 
con 
tal 
fin 
ante 
ellas”
. 
El 
Artículo 
22 
de 
la 
Convención 
Americana 
es 
del 
mismo 
tenor: 
“6. 
El 
extranjero 
que 
se 
halle 
legalmente 
en 
el 
territorio 
de 
un 
Estado 
Parte 
de 
la 
presente 
Convención, 
sólo 
podrá 
ser 
expulsado 
de 
él 
en 
cumplimiento 
de 
una 
decisión 
adoptada 
conforme a 
la 
ley”
. 

De 
acuerdo 
con 
las 
normas 
de 
Naciones 
Unidas, 
no 
basta 
con 
que 
la 
expulsión 
de 
un 
extranjero 
cumpla 
las 
formalidades 
legales; 
sino 
que 
además 
debe 
respetar 
el 
derecho 
del 
afectado a 
ser 
oído y 
el 
derecho a 
solicitar 
la 
revisión 
de 
la 
decisión y 
el 
derecho a 
ser 
representado 
ante 
una 
instancia 
que 
conozca 
tal 
impugnación. 
La 
expulsión 
de 
extranjeros 
por 
el 
simple 
hecho 
de 
encontrarse 
en 
Atenco 
al 
momento 
en 
que 
las 
corporaciones 
policiacas 
irrumpieron 
en 
el 
poblado, 
no 
respetó 
este 
derecho. 

6.2 
Testimonio 
Mi 
nombre 
es 
Valentina 
Palma 
Novoa, 
tengo 
30 
años, 
de 
los 
cuales 
los 
últimos 
once 
he 
vivido 
en 
México. 
Soy 
egresada 
de 
la 
Escuela 
Nacional 
de 
Antropología e 
Historia y 
actualmente 
curso 
el 
cuarto 
año 
de 
Realización 
cinematográfica 
en 
el 
Centro 
de 
Capacitación 
Cinematográfica. 
Tengo 
FM 3 
de 
estudiante 
(...
) 
(040506) 
Al 
abrir 
los 
ojos 
vi 
la 
pared 
de 
una 
cárcel. 
El 
bus 
se 
detuvo y 
una 
voz 
ordenó 
que 
bajáramos 
por 
la 
puerta 
trasera. 
Me 
ordenaron 
pararme y 
la 
puerta 
se 
abrió y 
mi 
cara 
llorosa y 
descubierta 
vió 
una 
fila 
de 
policías, 
sentí 
miedo 
otra 
vez. 
Desde 
abajo 
una 
voz 
ordenó 
que 
se 
cerrara 
la 
puerta y 
que 
los 
detenidos 
debían 
salir 
con 
el 
rostro 
cubierto. 
Un 
policía 
me 
tapó 
la 
cabeza 
con 
mi 
chamarra y 
las 
puertas 
volvieron a 
abrirse 
otra 
vez. 
Abajo 
del 
bus 
un 
policía 
me 
agarro 
con 
una 
mano 
de 
los 
pantalones y 
con 
la 
otra 
mantenía 
mi 
cabeza 
gacha. 
La 
fila 
de 
policías 
comenzó a 
tirar 
patadas a 
mi 
cuerpo y 
al 
de 
los 
demás 
detenidos 
que 
eran 
parte 
de 
la 
fila. 
La 
puerta 
del 
penal 
se 
abrió y 
nos 
avanzaron 
por 
estrechos 
pasillos 
en 
medio 
de 
golpes y 
patadas. 
Antes 
de 
llegar a 
una 
mesa 
de 
registro, 
cometí 
el 
error 
de 
levantar 
la 
cabeza y 
mirar a 
los 
ojos 
de 
un 
policía, 
el 
cual 
respondió a 
mi 
mirada 
con 
un 
golpe 
de 
puño 
duro y 
cerrado 
en 
mi 
estómago 
que 
me 
quitó 
el 
aire 
por 
unos 
momentos. 
En 
la 
mesa 
preguntaron 
mi 
nombre, 
mi 
edad y 
nacionalidad, 
luego 
de 
eso 
me 
metieron a 
un 
cuarto 
pequeño 
donde 
una 
mujer 
gorda 
me 
ordeno 
quitarme 
toda 
la 
ropa, 
pedía 
rapidez 
ante 
mi 
torpeza 
producto 
de 
los 
golpes. 
“Señora 
estoy 
muy 
golpeada, 
por 
favor 
espere” 
le 
dije. 
Me 
revisó, 
me 
vestí 
nuevamente y 
volvió a 
cubrir 
mi 
cara 
con 
la 
chamarra. 
Salí 
del 
cuarto y 
nos 
ordenaron 
hacer 
una 
fila 
de 
mujeres 
para 
ingresar 
formadas y 
cabeza 
abajo 
al 
patio 
del 
penal, 
que 
luego 
me 
entere 
que 
le 
decían 
“almoloyita” 
en 
la 
ciudad 
de 
Toluca. 

Han 
de 
haber 
sido 
las 
dos 
de 
la 
tarde 
del 
jueves 4 
de 
Mayo 
cuando 
ya 
estábamos 
dentro 
de 
las 
instalaciones 
del 
penal. 
Nos 
llevaron a 
un 
comedor y 
nos 
separaron a 
hombres y 
mujeres. 
En 
una 
esquina, 
en 
medio 
de 
llantos 
las 
mujeres 
nos 
contábamos 
las 
vejaciones 
de 
las 
que 
habíamos 
sido 
objetos. 
Una 
joven 
me 
mostró 
sus 
calzones 
rotos y 
su 
cabeza 
abierta 
llena 
de 
sangre, 
otra 
contaba 
que 
la 
habían 
llevado 
en 
medio 
de 
dos 
camiones 
mientras 
la 
golpeaban, 
vejaban y 
decían 
“te 
vamos a 
matar 
puta”
. 
Otra 
joven 
me 
comento 


que 
tal 
vez y 
estaba 
embarazada, 
todo 
en 
medio 
de 
llantos y 
apretones 
de 
manos 
solidarios. 
El 
estado 
de 
shock 
entre 
las 
mujeres 
era 
evidente. 
En 
frente 
nuestro 
los 
hombres 
conversaban 
entre 
ellos 
mientras 
nosotras 
observábamos 
sus 
rostros 
sangrantes y 
deformados 
producto 
de 
la 
brutal 
golpiza. 
En 
eso 
estábamos 
cuando 
una 
mujer 
se 
acerca a 
nosotras y 
empieza a 
dar 
algunos 
nombres y 
pide 
que 
nos 
separemos 
del 
grupo. 
Éramos 
cuatro: 
Cristina, 
María, 
Samantha, 
Valentina. 
Se 
nos 
une 
al 
grupo 
un 
quinto; 
Mario. 

Éramos 
los 
cinco 
extranjeros 
detenidos. 
Al 
momento 
llega 
un 
hombre, 
creo 
que 
era 
el 
director 
del 
penal y 
nos 
dice 
que 
allí 
donde 
estábamos, 
estábamos 
seguros, 
que 
aquí 
nadie 
nos 
golpearía, 
que 
lo 
que 
hubiese 
pasado 
antes 
de 
ingresar 
al 
penal 
no 
tenía 
nada 
que 
ver 
con 
el, 
como 
si 
dentro 
del 
penal 
no 
nos 
hubiesen 
también 
golpeado. 
Le 
pedimos 
hacer 
una 
llamada, 
petición 
que 
nos 
fue 
negada. 
Mientras 
los 
detenidos 
visiblemente 
mas 
heridos 
eras 
sacados 
del 
lugar 
rumbo 
al 
centro 
de 
atención 
médica 
que 
había 
dentro 
del 
penal; 
no 
eran 
unos 
ni 
dos, 
de 
los 
ciento y 
tantos 
detenidos 
que 
éramos, 
han 
de 
haber 
habido 
unos 
40 
con 
lesiones 
gravísimas. 
Uno 
de 
los 
primeros 
en 
salir 
fue 
el 
anciano 
moribundo 
que a 
mi 
lado 
en 
el 
camión 
iba, a 
quien 
no 
volví a 
ver 
nunca 
más. 
Nos 
llegó 
el 
turno a 
los 
extranjeros 
de 
ir a 
hacernos 
el 
chequeo 
médico. 
Yo 
tenía 
moretones 
en 
los 
pechos, 
la 
espalda, 
hombros, 
dedos, 
muslos y 
piernas, 
se 
recomendó 
hacerme 
una 
radiografía 
de 
las 
costillas 
pues 
me 
costaba 
respirar, 
cosa 
que 
en 
ningún 
momento 
se 
hizo. 
La 
enfermera 
que 
tomaba 
nota y 
el 
médico 
que 
me 
atendió 
actuaban 
con 
total 
indiferencia a 
mi 
persona y 
las 
lesiones 
que 
presentaba. 
Salí 
de 
la 
oficina 
médica a 
esperar 
que 
Cristina, 
María, 
Samantha y 
Mario 
terminaran 
el 
chequeo. 

El 
seudo 
chequeo 
médico 
terminó y 
nos 
llevaron a 
una 
sala 
para 
tomarnos 
declaración. 
Extrañamente 
un 
licenciado 
salido 
de 
quien 
sabe 
donde 
nos 
recomendó 
que 
no 
prestásemos 
declaración, 
comentario 
que 
era 
contradicho 
por 
las 
personas 
que 
estaban 
tras 
la 
maquina 
de 
escribir. 
“Esta 
bien 
si 
no 
quieres 
declarar, 
estas 
en 
tu 
derecho, 
pero 
sería 
bueno 
que 
dejaras 
constancia 
de 
lo 
que 
te 
pasó” 
me 
decía 
una 
licenciada. 
Mientras 
hacíamos 
las 
declaraciones, 
comenzaron a 
llegar 
al 
lugar 
muchos 
hombres 
de 
corbata 
que 
haciéndose 
los 
chistosos y 
amables 
nos 
preguntaban 
quienes 
éramos y 
como y 
porque 
habíamos 
llegado 
al 
poblado 
de 
Atenco, 
que 
si 
acaso 
sabíamos 
lo 
peligrosa 
que 
era 
esa 
gente. 

Cayó 
la 
lluvia y 
nos 
trasladaron 
al 
comedor 
con 
todos 
los 
demás 
detenidos, 
se 
nos 
obligó a 
sentarnos y 
no 
podíamos 
establecer 
contacto 
con 
los 
detenidos 
mexicanos, 
si 
queríamos 
ir 
al 
baño 
debíamos 
pedir 
permiso. 
Llegaron 
funcionarios 
de 
derechos 
humanos a 
tomarnos 
declaración y 
fotos 
de 
nuestras 
lesiones, 
las 
declaraciones 
fueron 
tomadas 
sin 
interés, 
mecánicamente. 
Se 
nos 
obligó a 
que 
registráramos 
nuestras 
huellas, 
nos 
tomaron 
fotos 
de 
frente y 
ambos 
perfiles, 
nos 
dijeron 
que 
eso 
no 
era 
una 
ficha, 
que 
era 
un 
registro 
necesario 
pues 
era 
muy 
probable 
que 
en 
la 
madrugada 
saliéramos 
en 
libertad y 
que 
para 
eso 
se 
necesitaba 
hacer 
la 
ficha. 
Una 
olla 
de 
café 
frío y 
una 
caja 
con 
bolillos 
fueron 
la 
cena. 
Ha 
de 
haber 
sido 
la 
media 
noche y 
me 
acosté 
en 
una 
dura 
banca 
de 
madera a 
tratar 
de 
dormitar 
un 
poco, 
fue 
imposible, 
hacía 
frío y 
no 
tenía 
cobija. 
Del 
lado 
de 
los 
hombres, 
un 
rasta 
se 
dio 
cuenta 
de 
mi 
impaciencia 
ante 
el 
no 
poder 
dormir y 
comenzamos a 
hablarnos 
de 
un 
lado a 
otro 
con 
señas. 
Estábamos 
en 
eso 
cuando 
se 
presenta 
un 
custodio y 
comienza a 
dar 
los 
nombres 
de 
los 
cinco 
extranjeros. 
Nos 
levantamos, 
dimos 
un 
pequeño 
adiós a 
los 
demás 
detenidos y 
abandonamos 
el 
lugar. 

Nos 
llevan a 
un 
lugar 
de 
registro, 
nos 
entregan 
nuestras 
pocas 
pertenencias y 
nos 
sacan 
del 
lugar 
camino a 
una 
camioneta 
diciéndonos 
que 
nos 
llevarían a 
una 
oficina 
de 
migración 
en 
Toluca. 
Afuera 
del 
penal 
escuche 
voces 
conocidas 
que 
gritaban 
mi 
nombre, 
me 
acerco a 
las 
rejas y 
puedo 
distinguir a 
muchos 
de 
mis 
amigos 
que 
me 
preguntan 
como 
estoy, 
les 
digo 
que 
mas o 
menos y 
que 
nos 
llevan a 
migración 
de 
Toluca. 
Ellos 
me 
dicen 
que 
me 
van a 
seguir 
que 
no 
me 
van a 
dejar 
sola. 
Mi 
tía 
Mónica 
me 
pasa 
un 
sobre 
que 
contiene 
mis 
documentos 
migratorios y 
María 
Novaro, 
mi 
maestra y 
mamá 
en 
México, 
me 
da 
una 
chamarra 
para 
el 
frío. 
Así 
me 
subo a 
la 
camioneta 
que 
cierra 
sus 
puertas y 
oscuros 
nos 
vamos. 
Pasamos a 
una 
oficina 
en 
Toluca a 
buscar a 
una 
licenciada y 
de 
ahí 
nos 
llevan a 
la 
estación 
migratoria 
de 
las 
agujas 
en 
el 
DF. 
Han 
de 
haber 
sido 
las 
tres 
de 
la 
madrugada 
cuando 
llegamos a 
la 
estación 
migratoria. 
Ahí 
una 
vez 
mas, 
un 


médico 
de 
mala 
gana 
constató 
lesiones. 
Dormitamos 
un 
rato 
porque a 
la 
hora 
en 
que 
llegamos 
no 
era 
horario 
de 
oficina, 
así 
que 
no 
habían 
muchos 
funcionarios 
en 
el 
lugar. 
Dieron 
las 7 
de 
la 
mañana y 
un 
auxiliar 
nos 
llevo 
cereal 
con 
leche. 

Luego 
me 
tomaron 
declaración, 
una 
declaración 
en 
donde 
además 
de 
preguntar 
por 
mis 
datos 
personales, 
me 
hicieron 
preguntas 
cómo: 
conoces 
al 
EZLN?
, 
has 
estado 
en 
Ciudad 
universitaria?
, 
participaste 
en 
el 
foro 
mundial 
del 
agua?
, 
conocías a 
los 
otros 
extranjeros 
detenidos?
, 
etc. 
Firme 
la 
declaración a 
la 
que 
se 
adjunto 
mi 
documento 
migratorio, 
una 
carta 
de 
mi 
centro 
de 
estudios, 
una 
carta 
de 
mi 
maestra 
María 
Novaro, 
mi 
pasaporte, 
mi 
cedula 
de 
identidad 
chilena y 
mi 
credencial 
internacional 
de 
estudiante. 
Estaba 
en 
eso 
cuando 
recibo 
una 
llamada 
del 
cónsul 
de 
Chile 
en 
México, 
quién 
me 
pregunta 
mi 
nombre, 
el 
numero 
de 
mi 
cedula 
de 
identidad y 
si 
tengo 
algún 
pariente 
en 
México, 
me 
informa 
que 
lo 
que 
el 
puede 
hacer 
es 
velar 
que 
el 
proceso 
correspondiente 
se 
realice 
en 
las 
condiciones 
legales 
pertinentes. 
Regreso a 
continuar 
mi 
declaración y 
las 
preguntas 
sobre 
el 
EZLN, 
el 
sub 
comandante 
Marcos y 
Atenco 
se 
repiten. 
Mientras 
tanto 
afuera 
de 
la 
estación 
migratoria 
se 
habían 
congregado 
amigos y 
familiares, 
con 
los 
cuales 
no 
se 
me 
permite 
comunicar, 
traté 
de 
hacerlo a 
través 
de 
señas y 
carteles, 
pero 
incluso 
eso 
nos 
es 
negado. 
Me 
llevan a 
un 
cuarto 
en 
donde 
hay 
tres 
hombres 
que 
me 
dicen 
que 
están 
ahí 
para 
ayudarme, 
ellos 
me 
toman 
fotos 
de 
frente y 
ambos 
perfiles y 
en 
todo 
momento 
graban 
la 
conversación. 
Me 
preguntan 
mi 
nombre y 
si 
tengo 
algún 
alias, 
que 
si 
conozco 
al 
EZLN, 
que 
si 
he 
ido a 
la 
Selva 
Lacandona, 
que 
les 
de 
nombres 
que 
puedan 
dar 
antecedentes 
de 
mi, 
que 
qué 
tipo 
de 
documentales 
me 
gusta 
realizar. 
Me 
dicen 
que 
mi 
amiga 
América 
del 
Valle 
esta 
preocupada 
por 
mi 
porque 
me 
había 
perdido 
mientras 
escapábamos 
del 
lugar, 
mujer 
de 
la 
cual 
recién 
en 
Chile 
me 
entero 
que 
es 
una 
de 
las 
dirigentes 
de 
Atenco 
que 
la 
policía 
persigue. 
Al 
terminar 
el 
interrogatorio, 
mis 
huellas 
dactilares 
son 
tomadas 
en 
una 
maquina 
muy 
sofisticada 
que 
va a 
dar a 
una 
computadora. 
Me 
sacan 
de 
la 
sala y 
me 
llevan a 
otra 
donde 
hay 
tres 
visitadoras 
de 
la 
comisión 
nacional 
de 
derechos 
humanos y 
luego 
de 
que 
las 
dos 
españolas y 
yo 
les 
contamos 
lo 
que 
hemos 
vivido, 
nos 
recomiendan 
urgentemente 
solicitar 
un 
abogado 
para 
que 
se 
gestione 
un 
recurso 
de 
amparo 
ante 
una 
posible 
deportación. 
El 
ambiente 
ya 
es 
tenso, 
así 
que 
le 
pido a 
una 
de 
las 
abogadas 
una 
pluma y 
un 
papel, 
para 
escribir 
“
1 
abogado” y 
mostrárselos 
por 
la 
ventana a 
mis 
amigos 
que 
están 
afuera, 
en 
ese 
momento 
entra 
un 
licenciado 
de 
migración y 
al 
verme 
escribiendo 
me 
dice: 
“necesitas 
un 
abogado?
, 
yo 
soy 
abogado, 
cual 
es 
tu 
problema”
, 
le 
contesto 
que 
quiero 
poner 
un 
amparo, 
ante 
lo 
que 
el 
me 
responde 
que 
no 
es 
conveniente 
poner 
un 
amparo 
porque 
el 
amparo 
implicaría 
estar 
en 
la 
estación 
migratoria 
un 
mes y 
que 
lo 
mas 
probable 
era 
que 
pronto 
saliésemos 
en 
libertad, 
las 
visitadoras 
de 
derechos 
humanos, 
lo 
increpan y 
le 
dicen 
que 
por 
favor 
me 
dejen 
hablar 
con 
alguna 
de 
las 
personas 
que 
están 
afuera. 

La 
visita 
se 
concede y 
hablo 
con 
Berenice, 
con 
quien 
me 
dejan 
hablar 
cinco 
minutos, a 
ella 
le 
digo 
que 
necesito 
un 
amparo y 
me 
dice 
que 
eso 
ya 
esta. 
Me 
despido 
abruptamente 
de 
ella y 
luego 
me 
llevan a 
hacerme 
un 
chequeo 
médico 
por 
segunda 
vez 
en 
esta 
estación 
migratoria, 
estoy 
en 
eso, 
cuando 
un 
licenciado 
llega 
apresuradamente a 
interrumpir 
el 
chequeo y 
me 
dicen 
que 
me 
van a 
trasladar a 
otro 
lugar, 
yo 
pregunto 
que 
adónde y 
no 
se 
me 
da 
respuesta. 
Al 
salir 
de 
la 
consulta 
médica 
me 
encuentro a 
una 
de 
las 
visitadoras 
de 
derechos 
humanos y 
le 
digo 
que 
por 
favor 
avise a 
mis 
amigos 
que 
están 
afuera 
que 
me 
van a 
trasladar, 
le 
pregunto 
al 
licenciado 
que 
adonde 
me 
llevan y 
me 
responde 
que a 
las 
oficinas 
centrales 
de 
migración, 
no 
me 
dejan 
seguir 
hablando 
con 
el y 
me 
suben a 
un 
auto 
particular 
en 
el 
que 
también 
estaba 
Mario, 
mi 
compatriota. 
Me 
subo, 
se 
suben 
tres 
policías, 
se 
cierran 
las 
puertas y 
una 
policía 
pide 
cerrar 
las 
ventanas. 
La 
reja 
de 
la 
estación 
migratoria 
se 
abre y 
el 
carro 
se 
va 
como 
escapándose 
de 
algo. 
Íbamos 
por 
periférico a 
más 
de 
100 
Km. 
por 
hora 
en 
medio 
de 
un 
tráfico 
contundente. 
Pregunto 
que 
adonde 
nos 
llevan y 
no 
obtengo 
respuesta, 
ya 
en 
el 
camino, 
me 
doy 
cuenta 
que 
vamos 
rumbo 
al 
aeropuerto y 
que 
delante 
de 
nosotros 
van 
dos 
carros 
más; 
uno 
con 
Samantha, 
la 
alemana y 
otro 
con 
María y 
Cristina, 
las 
dos 
españolas. 
Ante 
la 
inminencia 
de 
la 
expulsión 
injustificada 
en 
todo 
momento, 
no 
me 
queda 
más 
que 
cerrar 
los 
ojos y 
apretar 
los 
dientes y 
pensar: 
otra 
violación 
más. 


Llegamos 
al 
aeropuerto 
como a 
las 6 
de 
la 
tarde. 
Nos 
bajan 
de 
los 
autos y 
nos 
ingresan 
custodiados a 
una 
sala 
completamente 
blanca 
donde 
nos 
mantienen 
detenidos 
una 
hora o 
más. 
Luego 
nos 
ingresan a 
las 
salas 
de 
espera 
al 
interior 
del 
aeropuerto, 
donde 
nos 
mantienen 
custodiados. 
Primero 
sale 
el 
vuelo 
de 
Samantha. 
Seguimos 
esperando y 
en 
la 
espera 
yo 
no 
hago 
mas 
que 
llorar, 
me 
siento 
mal, 
me 
paró y 
trato 
de 
caminar 
por 
el 
pasillo, 
se 
me 
acerca 
una 
custodia y 
me 
dice 
que 
debo 
estar 
sentada, 
“me 
siento 
mal” 
le 
digo, 
“no 
me 
voy a 
escapar, 
déjame”
. 
Sigo 
llorando y 
un 
policía 
se 
acerca y 
me 
dice: 
“ya 
no 
estés 
así, 
no 
conviene 
esa 
actitud, 
si 
te 
sirve 
de 
consuelo, 
déjame 
decirte 
que 
no 
estas 
deportada, 
que 
solo 
has 
sido 
expulsada 
del 
país, 
pero 
puedes 
volver a 
entrar 
en 
cualquier 
momento”
. 
Ilusamente 
sus 
palabras 
me 
calman. 
Nos 
llevan a 
un 
bar a 
fumarnos 
unos 
cigarros 
porque 
todas 
estamos 
muy 
alteradas. 
El 
vuelo 
de 
Lan 
chile 
de 
aproximadamente 
las 
once 
de 
la 
noche 
es 
anunciado, a 
mí y a 
Mario 
nos 
llaman, 
nos 
despedimos 
de 
María y 
Cristina 
con 
un 
apretado 
abrazo. 
Nos 
formamos 
en 
la 
fila y 
nos 
entramos 
al 
avión. 
Dentro 
del 
avión 
uno 
de 
los 
pasajeros 
se 
acerca a 
mí y 
me 
entrega 
unas 
cartas 
que 
han 
mandado 
mis 
amigos 
que 
estaban 
afuera 
haciendo 
todo 
lo 
posible 
para 
detener 
esta 
injusta 
expulsión. 
(...
) 

Valentina 
Palma 
Novoa, 
30 
años 

7. 
Violación 
al 
Derecho a 
Defender 
los 
Derechos 
Humanos 
7.1 
Fundamento 
La 
Declaración 
sobre 
el 
Derecho y 
Deber 
de 
los 
Individuos, 
los 
Grupos y 
las 
Instituciones 
de 
Promover y 
Proteger 
los 
Derechos 
Humanos y 
las 
Libertades 
Fundamentales 
Universalmente 
Reconocidos14 
es 
el 
instrumento 
internacional 
que 
expresamente 
reconoce 
la 
labor 
de 
los 
defensores 
de 
derechos 
humanos. 
El 
artículo 
9.3. 
c) 
señala 
que 
“toda 
persona 
tiene 
derecho, 
individual o 
colectivamente, 
entre 
otras 
cosas, 
a: 
Ofrecer y 
prestar 
asistencia 
letrada 
profesional u 
otro 
asesoramiento y 
asistencia 
pertinentes 
para 
defender 
los 
derechos 
humanos y 
las 
libertades 
fundamentales”
. 

Sin 
embargo, 
en 
los 
hechos 
ocurridos 
el 
04 
de 
mayo 
pasado 
este 
trascendental 
derecho 
fue 
doblemente 
vulnerado. 
Primero, 
por 
los 
abusos 
que 
sufrieron 
compañeros 
defensores 
de 
derechos 
humanos 
al 
realizar 
su 
labor, 
dando 
información o 
bien, 
monitoreando 
los 
eventos 
que 
sucedían 
ese 
día 
entre 
población 
civil y 
entidades 
policiacas. 
Segundo, 
debido a 
la 
obstaculización 
al 
trabajo 
de 
diversas 
organizaciones 
civiles 
para 
realizar 
una 
misión 
de 
observación y 
poder 
tener 
acceso 
al 
interior 
del 
reclusorio 
de 
Santiaguito, a 
fin 
de 
entrevistarnos 
con 
los 
detenidos y 
constatar 
su 
integridad 
física, 
además 
del 
cabal 
respeto a 
sus 
garantías 
judiciales. 
Lo 
anterior 
no 
fue 
posible 
debido a 
la 
poca 
disposición 
de 
las 
autoridades 
estatales 
para 
colaborar 
con 
nuestra 
labor.15 

7.2 
Testimonios16 
Damián 
Camacho, 
coordinador 
jurídico 
de 
la 
Comisión 
Independiente 
de 
Derechos 
Humanos 
de 
Morelos 
fue 
detenido 
arbitrariamente 
por 
elementos 
de 
la 
Policía 
Federal 
Preventiva 
(PFP) 
el 
jueves 4 
de 
mayo a 
las 
8:00 
de 
la 
mañana, 
frente a 
un 
hotel 
ubicado 
en 
las 
inmediaciones 
de 
San 
Salvador 
Atenco. 
Él 
asistía 
en 
calidad 
de 
observador 
de 
las 
violaciones a 
los 
derechos 
humanos 
que 
en 
ese 
momento 
estaban 
ocurriendo y 
como 
abogado 
defensor 
comisionado 
para 
monitorear 
los 
graves 
hechos 
que 
se 
habían 
presentado 
en 
contra 
del 
pueblo 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
desde 
el 
día 3 
de 
mayo 
de 
2006. 
Al 
momento 
de 
ser 
detenido 
por 
la 
PFP, 
el 
abogado 
Damián 
Camacho 
se 
encontraba 
brindando 
información a 
periodistas 
sobre 

14 
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 09 de Diciembre de 1998. 

15 
Boletín de prensa. “Preocupación por la integridad física de los detenidos tras los hechos de violencia en Atenco”
. 

05 de mayo, 2006. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Acción de Cristianos por la Abolición 

de la Tortura, Red de Solidaridad Década contra la Impunidad, Espacio DESC, Centro de Reflexión y Acción 

Laboral, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Centro Prodh.
 16 
Boletín de prensa 08/2006. “Libertad inmediata a los defensores de derechos humanos”08 de mayo, 2006. Red 

Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” 


los 
hechos 
que 
tenía 
conocimiento. A 
pesar 
de 
identificarse 
como 
abogado y 
defensor 
de 
derechos 
humanos, 
la 
policía 
la 
detuvo 
arbitraria e 
ilegalmente, 
sin 
que 
hubiera 
orden 
de 
aprehensión 
alguna 
ni 
tampoco 
flagrancia. 

De 
la 
misma 
manera, 
el 
señor 
Pedro 
Alvarado 
Delgado, 
miembro 
del 
Comité 
de 
Derechos 
Humanos 
Ajusco, 
quien 
se 
encontraba 
en 
Atenco 
realizando 
tareas 
de 
observación 
sobre 
los 
hechos 
violentos 
que 
se 
estaban 
sucediendo 
en 
esos 
momentos. 

b) 
En 
documentación 

1. 
Privación 
arbitraria 
de 
la 
vida 
1.1 
Fundamento 
El 
derecho a 
la 
vida 
es 
inherente a 
la 
persona y 
de 
él 
emanan 
todos 
los 
demás 
derechos. 
En 
el 
ámbito 
internacional, 
se 
encuentra 
reconocido 
en 
el 
Artículo 
6° 
del 
Pacto 
Internacional 
de 
Derechos 
Civiles y 
Políticos y 
en 
el 
Artículo 4 
de 
la 
Convención 
Americana 
de 
Derechos 
Humanos. 
Como 
obligación 
del 
Estado, 
supone 
que 
nadie 
puede 
ser 
privado 
arbitrariamente 
de 
la 
vida. 

En 
el 
desarrollo 
de 
ambos 
preceptos, 
se 
ha 
determinado 
que 
puede 
considerarse 
una 
privación 
arbitraria 
de 
la 
vida 
toda 
aquella 
que, 
siendo 
imputable a 
agentes 
del 
Estado, 
ocurre 
mientras 
estos 
realizan 
actos 
que 
implican 
una 
violación a 
los 
derechos 
humanos, 
como 
pueden 
ser 
el 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
pública, 
el 
allanamiento a 
un 
domicilio o 
la 
privación 
arbitraria 
de 
la 
libertad17 . 
Como 
sugiere 
el 
siguiente 
testimonio, 
la 
muerte 
del 
adolescente 
Javier 
Cortés 
Santiago 
podría 
configurar 
una 
privación 
arbitraria 
de 
la 
vida. 

1.2 
Testimonio A 
pregunta 
expresa 
sobre 
la 
forma 
en 
que 
el 
menor 
de 
edad 
Javier 
Cortés 
Santiago 
perdió 
la 
vida, 
uno 
de 
los 
policías 
entrevistados 
respondió: 
Fue 
un 
compañero 
nuestro 
el 
que 
le 
disparó, 
de 
manera 
directa 
ya 
que 
el 
niño 
lo 
estaba 
descubriendo 
que 
estaba 
escondido, 
dijo 
que 
había 
escondido 
un 
policía 
estatal, y 
sacó 
el 
arma y 
le 
disparó. 
Fue 
un 
impacto 
.38 
especial. 

Policía 
estatal 
número 2 

2. 
Violación a 
los 
derechos 
de 
las 
mujeres 
3.1 
Fundamento 
legal 
El 
Centro 
de 
Derechos 
Humanos 
Miguel 
Agustín 
Pro 
Juárez 
documenta 
actualmente 
las 
violaciones a 
derechos 
humanos 
que 
afectaron 
de 
manera 
particular y 
diferenciada a 
las 
mujeres 
detenidas 
durante 
las 
jornadas 
de 
violencia 
en 
Atenco. 
Presumiblemente, 
el 
derecho a 
la 
integridad 
personal 
de 
las 
mujeres 
fue 
conculcado, 
configurándose 
en 
su 
contra 
agresiones 
que 
no 
sólo 
consistieron 
en 
golpes 
como 
en 
el 
caso 
de 
los 
varones 
sino 
que 
implicaron 
también 
agresiones 
sexuales y 
violaciones. 
Con 
ello, 
se 
violentaron 
diversos 
dispositivos 
de 
la 
Convención 
de 
Belém 
do 
Pará 
que 
obligan 
al 
Estado a 
garantizar 
una 
vida 
libre 
de 
violencia 
en 
el 
ámbito 
público 
para 
las 
mujeres. 

En 
el 
caso 
de 
las 
agresiones 
sexuales y 
las 
violaciones, 
es 
preciso 
señalar 
también 
que 
esta 
clase 
de 
abusos 
pueden 
llegar a 
configurar 
un 
método 
de 
tortura 
esencialmente 
basado 
en 
el 
sexo. 
En 
la 
Comisión 
de 
Derechos 
Humanos 
de 
Naciones 
Unidas 
se 
ha 
llegado a 
considerar 
que 
la 
violación u 
otras 
formas 
de 
agresión 
sexual 
contra 
las 
mujeres 
detenidas 
constituyen 
una 
violación 
especialmente 
ignominiosa 
de 
la 

17 
Cfr. CIDH, caso Da Silva c. Brasil, párr. 34. (2000). 


dignidad y 
del 
derecho a 
la 
integridad 
física 
del 
ser 
humano y 
que, 
en 
consecuencia, 
constituyen 
un 
acto 
de 
tortura18. 
Por 
ello, 
esa 
misma 
Comisión 
ha 
recomendado: 
“que 
durante 
los 
interrogatorios a 
mujeres 
detenidas 
esté 
presente 
personal 
de 
seguridad 
femenino, 
ya 
que 
el 
interrogatorio y 
la 
detención 
de 
mujeres 
por 
personal 
exclusivamente 
masculino 
crean 
unas 
condiciones 
que 
pueden 
ser 
propicias 
para 
que 
se 
produzcan 
violaciones y 
abusos 
sexuales 
contra 
las 
reclusas, 
se 
les 
amenace 
con 
esos 
actos o 
ellas 
sientan 
temor a 
que 
se 
produzcan”19 . 

Durante 
las 
detenciones 
efectuadas 
el 
04 
de 
mayo 
en 
Atenco, 
esta 
recomendación 
fue 
ignorada. 
Los 
elementos 
que 
aseguraron a 
las 
mujeres 
fueron, 
en 
su 
mayoría, 
hombres; 
con 
ello 
se 
establecieron 
las 
condiciones 
propicias 
para 
que 
agresiones 
sexuales 
fueran 
cometidas: 
los 
testimonios 
coinciden 
en 
que 
durante 
el 
lapso 
de 
tiempo 
que 
va 
de 
la 
detención 
al 
ingreso 
de 
las 
detenidas 
en 
el 
Penal 
de 
Santiaguito 
fueron 
cometidas 
en 
su 
contra 
vejaciones y 
agresiones 
sexuales, e 
incluso 
violaciones. 

Por 
ahora 
estos 
casos 
se 
mantienen 
en 
documentación, 
pues 
quienes 
se 
encontraban 
cerca 
de 
las 
mujeres 
que 
fueron 
sexualmente 
agredidas 
no 
pudieron 
ver 
lo 
ocurrido 
por 
estar 
con 
los 
rostros 
cubiertos y 
bajo 
amenaza 
de 
las 
corporaciones 
policiacas; 
la 
mayoría 
de 
los 
testimonios 
recabados 
por 
este 
Centro 
son 
auditivos e 
indirectos. 
Por 
otra 
parte, 
existen 
dificultades 
inherentes a 
la 
documentación 
de 
este 
tipo 
de 
casos 
puesto 
que 
como 
ha 
señalado 
la 
Comisión 
de 
Derechos 
Humanos 
de 
Naciones 
Unidas: 
“en 
muchas 
situaciones 
es 
posible 
que 
una 
mujer 
sea 
reacia a 
buscar 
reparación 
denunciando 
una 
violación 
debido a 
las 
graves 
repercusiones 
sociales 
que 
pueden 
derivarse 
de 
ello 
(...
) 
cuando 
la 
violación o 
la 
agresión 
sexual 
contra 
una 
mujer 
constituye 
un 
método 
de 
tortura, 
las 
posibilidades 
de 
que 
el 
torturador 
actúe 
con 
impunidad 
suelen 
ser 
desproporcionadamente 
mayores 
que 
en 
otros 
casos 
de 
tortura.”20 

No 
obstante, 
con 
la 
generosa 
colaboración 
de 
algunas 
víctimas, 
este 
Centro 
ha 
podido 
obtener 
algunos 
testimonios 
directos 
de 
hechos 
de 
esta 
naturaleza, 
lo 
que 
permite 
suponer 
la 
existencia 
de 
abusos 
sexuales y 
violaciones 
durante 
las 
detenciones. 
Por 
obvias 
razones, 
los 
datos 
de 
identificación 
han 
sido 
modificados a 
petición 
de 
las 
víctimas.21 

3.2 
Testimonios 
(...
) 
En 
eso 
cerraron 
la 
puerta 
del 
camión 
(tipo 
van) 
en 
donde 
nos 
tenían y 
uno 
dice, 
“
a 
esta 
perra 
hay 
que 
hacerle 
calzón 
chino” 
me 
empieza a 
jalar 
mi 
pantaleta y 
se 
da 
cuenta 
que 
estaba 
en 
mi 
período 
de 
menstruación 
porque 
vio 
que 
tenía 
una 
toalla 
sanitaria. 
Le 
gritó a 
otros 
policías, 
“miren, 
esta 
perra 
está 
sangrando, 
vamos a 
ensuciarla 
un 
poquito 
más” 
sentí 
que 
introdujo 
violentamente 
sus 
dedos 
en 
mi 
vagina 
repetidamente 
hasta 
el 
cansancio, 
yo 
ya 
no 
pensaba 
bien, 
pero 
me 
acuerdo 
que 
decía, 
dios 
mío, 
que 
me 
van a 
hacer. 
Cuando 
llegamos 
al 
reclusorio, 
nos 
ordenan 
bajarnos 
en 
una 
sola 
fila 
(...
) 
un 
policía 
empieza a 
patear 
por 
detrás 
mis 
tobillos a 
fin 
de 
abrirme 
las 
piernas, 
empalma 
sus 
genitales 
en 
mi 
trasero, 
yo 
sentí 
que 
estaba 
ya 
excitado y 
me 
toca 
de 
nueva 
cuenta 
mis 
senos. 
Otro 
policía 
le 
dice 
“ya 
déjala, 
acá 
esta 
la 
prensa” 
entonces 
el 
policía 
le 
responde 
“pero 
si 
apenas 
me 
empiezo a 
divertir” 
luego 
se 
separa y 
dice 
violentamente 
“chingada 
madre” y 
avienta 
mi 
cabeza 
contra 
la 
pared. 
Nos 
ordenaron 
pasar 
en 
medio 
de 
filas 
de 
policías y 
eso 
fue 
horrible, 
nos 
insultaban, a 
mi 
me 
golpearon 
todavía 
con 
sus 
macanas 
en 
la 
cabeza y 
costillas, 
me 
pellizcaron 
los 
senos y 
las 
nalgas. 

18 
E/CN.4/1992/SR.21, párr. 35.
 
19 
E/CN.4/1995/34, párr. 24.
  
20 
Íbid., párr., 19.
 
21 
Los datos  de identificación de todas las víctimas que exponen su situación en este informe, a excepción de Valentina


Palma Novoa, Damián Camacho Gomez y Pedro Alvarado Delgado, han sido modificados para garantizar su 

seguridad física. 


“Lorena” 
estudiante 
de 
22 
años 

(...
) A 
mi 
me 
hicieron 
tocamientos 
en 
los 
senos, 
me 
apretaban y 
me 
pellizcaban, 
luego 
nos 
ordenaron 
subir a 
una 
camioneta 
con 
las 
camisetas 
sobre 
nuestros 
rostros, 
en 
eso 
me 
bajaron 
mi 
pantalón 
junto 
con 
la 
pantaleta y 
me 
hicieron 
tocamientos, 
nos 
encimaron 
uno 
encima 
de 
otro, y 
yo 
quedé 
casi a 
mero 
abajo y 
sentía 
que 
me 
faltaba 
el 
aire y 
aún 
así 
me 
alcanzaron a 
golpear 
en 
las 
partes 
(señala 
sus 
piernas) 
que 
quedaban 
descubiertas. 
Luego 
nos 
ordenaron 
sentarnos y 
yo 
seguía 
con 
la 
camiseta 
sobre 
mi 
rostro, 
por 
lo 
que 
tenía 
al 
descubierto 
el 
brassier, 
me 
lo 
empezaron a 
jalar y 
me 
pellizcaron, 
ahí 
también 
sentí 
que 
me 
mordían 
los 
senos, 
nos 
gritaban 
que 
las 
viejas 
eramos 
unas 
pendejas, 
unas 
putas, 
uno 
decía, 
“mira 
cuánta 
vieja, 
que 
rico!”
. 
Cada 
vez 
que 
me 
tocaban, 
escuchaba 
que 
le 
decían a 
mi 
pareja 
“así 
te 
la 
coges 
cabrón?”
. 
Cuando 
vieron 
que 
tenía 
un 
tatuaje 
en 
mi 
espalda 
se 
ensañaron 
más y 
me 
golpeaban 
más 
en 
la 
espalda, 
iba 
hincada 
con 
la 
cara 
agachada y 
las 
manos 
atadas 
atrás. 
El 
camino 
duró 
como 
cuatro 
horas, y 
en 
ese 
tiempo 
también 
sentí 
que 
un 
policía 
quería 
meter 
su 
mano 
en 
mis 
partes, 
pero 
no 
me 
dejé 
me 
moví 
todo 
lo 
que 
pude, y 
sólo 
sentí 
que 
desde 
atrás 
me 
empezó a 
patear 
en 
mis 
genitales. 
Escuchaba 
que 
mujeres 
extranjeras 
iban 
gritando 
“ya 
déjenme”
, y a 
todas 
nos 
decían, 
“tu 
vas a 
ser 
mi 
puta 
para 
siempre” o 
“así 
le 
va a 
ir a 
tu 
mamá”
. 
Cuando 
llegué 
al 
penal 
me 
dí 
cuenta 
que a 
las 
más 
jóvenes 
les 
había 
ido 
peor, y 
que a 
las 
señoras 
las 
habían 
golpeado 
con 
más 
saña. A 
mi 
sólo 
me 
dieron 
medicamento 
para 
el 
dolor. 

“Claudia” 
estudiante, 
19 
años 


V. 
PARTICIPACION DE 
AGENTES 
DEL 
ESTADO Y 
RESPONSABILIDAD. 
Antes 
de 
la 
utilización 
de 
la 
violencia 
física 
en 
Texcoco y 
Atenco, 
el 
gobierno 
en 
sus 
tres 
niveles 
debió 
guardar 
una 
observancia 
estricta 
de 
los 
límites 
que 
el 
propio 
Estado 
de 
Derecho 
democrático y 
los 
estándares 
internacionales 
de 
protección a 
los 
derechos 
humanos, 
cuya 
normatividad 
expresa 
que 
la 
utilización 
de 
los 
cuerpos 
policiacos 
en 
ningún 
caso 
puede 
sustentarse 
en 
los 
excesos y 
abusos 
de 
su 
fuerza 
represiva, 
ni 
aplicarse 
cuando 
se 
prevé 
que 
un 
hecho 
de 
mayor 
gravedad 
puede 
ocurrir 
con 
su 
intervención.22 

Los 
Estados 
democráticos 
contemporáneos 
presuponen 
la 
existencia 
de 
un 
Estado 
de 
Derecho 
que 
no 
sólo 
regula 
la 
convivencia 
entre 
los 
ciudadanos, 
sino 
que 
también 
limita 
el 
poder 
del 
Estado 
para 
utilizar 
la 
violencia, 
aunque 
se 
supone 
que 
éste 
no 
usará 
la 
represión 
ni 
buscará 
el 
orden 
público a 
cualquier 
costo23. 
En 
los 
Estados 
democráticos 
de 
Derecho, 
la 
aplicación 
de 
la 
fuerza 
debe 
ser 
extraordinaria, y 
el 
antecedente 
inmediato 
de 
Sicartsa y 
el 
conflicto 
por 
el 
Aeropuerto 
demuestran 
que 
no 
ha 
sido 
así 
en 
el 
Gobierno 
de 
Fox. 
Si 
las 
autoridades 
municipales, 
estatales y 
federales 
utilizaron a 
los 
cuerpos 
policiacos, 
debieron 
haber 
implementado 
previamente 
una 
estrategia 
preventiva 
eficaz 
que 
impidiera 
este 
enfrentamiento. 
En 
caso 
de 
haber 
sido 
así, 
las 
autoridades 
tendrían 
que 
demostrarlo. 

En 
los 
eventos 
de 
represión y 
del 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza, 
la 
brutalidad 
policiaca 
que 
corrió a 
manos 
de 
agentes 
concretos, 
tienen 
tras 
de 
sí a 
instituciones 
responsables 
de 
la 
actuación 
de 
sus 
agentes. 
Agentes 
que 
con 
con 
escudos, 
toletes, 
lanzagranadas 
de 
gas 
lacrimógeno, y 
otro 
tipo 
de 
recursos 
participaron 
en 
las 
agresiones 
físicas, 
detenciones 
arbitrarias, 
allanamientos, 
cateos, 
amenazas, 
malos 
tratos. 
robo 
de 
pertenencias y 
destrozo 
de 
los 
bienes 
de 
la 
población, 
además 
de 
las 
vejaciones y 
abusos 
sexuales 
que 
hasta 
ahora 
han 
denunciado y 
algunas 
de 
las 
mujeres 
que 
fueron 
detenidas 
por 
los 
policías. 

No 
existe 
claridad 
en 
la 
información. 
Las 
autoridades 
aún 
no 
han 
deslindado 
el 
tipo 
de 
participación 
de 
cada 
uno 
de 
los 
cuerpos 
policiacos 
en 
los 
acontecimientos. 
Esta 
falta 
de 
información 
presumiblemente 
tenga 
como a 
intención 
la 
dificultad 
para 
delimitar 
las 
responsabilidades 
administrativas, 
penales 
y/
o 
políticas 
en 
las 
que 
incurrieron 
los 
perpetradores y 
las 
autoridades 
responsables. 

Es 
obligación 
de 
las 
autoridades 
informar 
claramente 
sobre 
la 
cadena 
de 
mando 
en 
la 
implementación 
de 
los 
operativos 
del 3 y 4 
de 
mayo, 
con 
la 
finalidad 
de 
que 
estas 
violaciones 
cometidas 
por 
parte 
de 
agentes 
del 
Estado 
no 
queden 
impunes. 

Preliminarmente, 
presentamos 
un 
análisis 
que 
ilustra 
los 
distintos 
niveles 
de 
intervención 
con 
la 
información 
con 
la 
que 
contamos 
hasta 
el 
momento. 

a) 
Policía 
Federal 
Preventiva. 
El 
Comisionado 
es 
Alejandro 
Eduardo 
Martínez 
Aduna. 
participó 
del 
operativo 
implementado 
el 
jueves 4 
de 
mayo 
en 
San 
Salvador 
Atenco 
con 
un 
número 
de 
1500 
elementos 
pertenecientes a 
las 
fuerzas 
federales 
de 
apoyo y 
el 
Grupo 
de 
Operaciones 
Especiales. 
Según 
fuentes 

22 
Principios 
Básicos 
sobre 
el 
Empleo 
de 
la 
Fuerza y 
de 
armas 
de 
fuego 
por 
los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 

cumplir 
la 
ley, 
Adoptado 
por 
la 
ONU 
el 
07 
de 
septiembre 
de 
1990. 
Código 
de 
Conducta 
para 
funcionarios 

encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley. 
Adopato 
por 
la 
ONU 
el 
17 
de 
diciembre 
de 
1979. 
De 
conformidad 
con 
el 

comentario 
al 
artículo 1 
del 
Código 
de 
conducta 
para 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley, 
la 
expresión 

"funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley" 
incluye a 
todos 
los 
agentes 
de 
la 
ley, 
ya 
sean 
nombrados o 

elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.
 23 
Pérez García Gabriela. La seguridad pública: mapa normativo y de actores. En Seguridad Pública, prevención del 

delito y derechos humanos. Construyendo alternativas desde la sociedad civil y los organismos públicos. México, 

diciembre de 2004. 


periodísticas, a 
cargo 
del 
operativo 
se 
encontraba 
el 
Jefe 
del 
Estado 
Mayor: 
General 
de 
Brigada 
Ardelio 
Vargas 
Fosado, 
cuyo 
mando 
inmediato 
superior 
es 
el 
Comisionado 
de 
la 
Policía 
Federal 
Preventiva. 
Si 
bien, 
únicamente 
tenemos 
testimonios 
de 
la 
participación 
de 
la 
Policía 
Federal 
Preventiva 
en 
el 
operativo 
realizado 
el 
jueves 4 
de 
mayo 
en 
la 
población 
de 
San 
Salvador 
Atenco, 
el 
hecho 
de 
que 
la 
PFP 
hubiera 
actuado 
en 
el 
operativo, 
hace 
suponer 
su 
participación 
en 
el 
allanamiento 
de 
viviendas y 
detenciones 
arbitrarias 
que 
se 
denuciaron, 
así 
como 
del 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
que 
se 
imputa a 
los 
elementos 
policíacos 
que 
intervinieron. 

La 
Policía 
Federal 
Preventiva 
es 
un 
órgano 
de 
desconcentrado 
de 
la 
Secretaría 
de 
Seguridad 
pública 
Federal, 
cuyo 
titular 
es 
Eduardo 
Medina 
MoraIcaza, 
quien 
con 
fecha 6 
de 
mayo 
se 
deslindó 
de 
los 
abusos 
de 
la 
policía 
Federal 
Preventiva y 
aseguró 
que 
dichos 
abusos 
fueron a 
título 
personal 
de 
los 
elementos 
policíacos 
que 
participaron 
en 
el 
operativo. 
Además 
reconoció 
que 
el 
país 
no 
tiene 
la 
suficiencia 
para 
dotar 
de 
elementos 
de 
policía 
con 
la 
capacidad 
necesaria 
para 
afrontar 
situaciones 
de 
esta 
índole. A 
pregunta 
expresa 
sobre 
la 
posible 
consignación 
de 
elementos 
de 
la 
PFP, 
señaló 
que 
siguen 
abiertos 
los 
casos 
en 
la 
Comisión 
de 
Honor y 
justicia y 
en 
Asuntos 
Internos 
para 
estudiar 
las 
conductas y 
verificar 
si 
es 
necesario. 

b) 
Agencia 
Estatal 
de 
Seguridad: 
Participaron 
en 
el 
operativo 
implementado 
el 
jueves 4 
de 
mayo 
en 
San 
Salvador 
Atenco, 
con 
alrededor 
de 
1500 
elementos 
policíacos a 
quienes 
se 
les 
imputa 
diversas 
violaciones a 
derechos 
humanos 
consistentes 
en 
allanamientos 
de 
morada, 
detenciones 
arbitrarias, 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
pública, 
robo, 
privación 
arbitraria 
de 
la 
vida a 
partir 
de 
uso 
excesiva 
de 
la 
fuerza 
pública. 
Al 
mando 
de 
dicho 
operativo 
se 
encontraba 
un 
comandante 
de 
nombre 
David 
Pintado 
Espinosa 
cuya 
clave 
en 
el 
operativo 
era 
“Zafiro”
. 

Con 
fecha 8 
de 
mayo 
Wilfrido 
Robledo, 
Comisionado 
de 
la 
Agencia 
Estatal 
de 
Seguridad 
Pública, 
declaró a 
Milenio 
Diario: 
"tampoco 
tenemos 
al 
mejor 
policía 
equilibrado 
psicológicamente. 
Ahí 
tenemos 
que 
hacer 
mucho 
trabajo, 
pero 
en 
el 
momento 
de 
los 
trancazos, 
las 
cosas 
también 
dependen 
de 
los 
perfiles. 
Tenemos 
que 
ir 
platicando 
del 
uso y 
abuso 
de 
la 
fuerza 
del 
servidor 
público”
. 
Declaraciones 
que 
son 
contrarias a 
los 
citados 
Principios 
Básicos 
sobre 
el 
empleo 
de 
la 
fuerza y 
de 
armas 
de 
fuego 
por 
los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley 
el 
cual 
señala: 
"Los 
gobiernos 
procurarán 
que 
todos 
los 
funcionarios 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley 
sean 
seleccionados 
mediante 
procedimientos 
adecuados, 
posean 
aptitudes 
éticas, 
sicológicas y 
físicas 
apropiadas 
para 
el 
ejercicio 
eficaz 
de 
sus 
funciones"
. 

La 
Agencia 
Estatal 
de 
Seguridad 
es 
un 
órgano 
desconcentrado 
de 
la 
Secretaría 
General 
de 
Gobierno 
del 
Estado 
de 
México, 
cuyo 
titular 
es 
Humberto 
Benítez 
Treviño y 
quién 
con 
fecha 5 
de 
mayo 
declaró 
“no 
se 
puede 
perseguir 
delincuentes 
con 
la 
Constitución 
en 
la 
mano, 
lo 
más 
importante 
aquí 
es 
que 
se 
restableció 
el 
Estado 
de 
Derecho”
. 
No 
obstante, 
con 
fecha 8 
de 
mayo 
reconoce 
que 
se 
cometieron 
abusos 
policíacos 
durante 
el 
operativo 
implementado 
el 4 
de 
mayo. 
Aseguró 
que 
iniciaría 
una 
investigación 
en 
la 
Contraloría 
Interna 
de 
la 
Agencia 
de 
Seguridad 
Estatal. 

A 
su 
vez 
la 
Secretaría 
General 
de 
Gobierno 
depende 
directamente 
del 
Gobernador 
del 
Estado 
de 
México 
cuyo 
titular 
es 
Enrique 
Peña 
Nieto, 
quien 
el 
lunes 8 
de 
mayo 
declaró 
públicamente 
que 
había 
ordenado 
deslindar 
responsabilidades 
por 
los 
“excesos” 
cometidos 
por 
policías 
estatales. 
Sin 
embargo, 
aseguró 
que 
por 
el 
momento 
sólo 
se 
realizará 
una 
investigación 
interna a 
través 
de 
la 
Contraloría 
de 
la 
Agencia 
Seguridad 
Estatal. 

c) 
Procuraduría 
General 
de 
Justicia 
del 
Estado 
de 
México 
cuyo 
titular 
es 
el 
Lic. 
Abel 
Villicaña 


que 
de 
acuerdo a 
los 
testimonios 
dados 
por 
los 
abogados 
defensores 
de 
los 
detenidos, 
Juan 
de 
Dios 
Hernández 
Monge y 
Barbara 
Zamora, 
señalan 
que 
en 
el 
transcurso 
del 
término 
ministerial 
para 
determinar 
la 
situación 
jurídica 
de 
los 
detenidos 
consistente 
en 
cuarenta y 
ocho 
horas, 
algunos 
de 
los 
detenidos 
fueron 
obligados 
por 
el 
Ministerio 
Público a 
no 
declarar 
aduciendo 
su 
derecho a 
reserva, 
situación 
que 
provocó 
que 
la 
Representación 
Social 
ampliara 
el 
término a 
96 
horas, 
lo 
cual 
provocó 
que 
se 
viera 
obligado a 
consignar a 
la 
totalidad 
de 
los 
detenidos 
por 
delincuencia 
organizada, 
en 
franca 
contradicción 
con 
los 
criterios 
jurisprudenciales y 
legales 
para 
hacerlo. 
Por 
otra 
parte 
la 
violación a 
las 
garantías 
judiciales 
de 
los 
detenidos, 
también 
consistieron 
en 
la 
falta 
de 
información 
de 
los 
hechos 
que 
se 
les 
imputaba, 
sus 
derechos 
constitucionales, 
la 
incomunicación 
en 
la 
que 
permanecieron y 
la 
falta 
de 
una 
efectiva 
asistencia 
jurídica. 

d) 
Poder 
Judicial. 
El 
lunes 8 
de 
mayo 
fueron 
consignados 
las 
causas 
penales 
de 
los 
189 
detenidos 
ante 
el 
Juzgado 
Segundo 
de 
lo 
Penal 
de 
Toluca, 
con 
sede 
en 
el 
penal 
de 
Santiaguito, 
estado 
de 
México. 
De 
acuerdo 
con 
el 
testimonio 
dado 
por 
el 
abogado 
defensor 
Juan 
de 
Dios 
Hernández 
Monge, 
siendo 
aproximadamente 
las 
tres 
horas 
los 
detenidos 
comenzaron a 
rendir 
su 
declaración 
preparatoria 
sin 
tener 
acceso a 
la 
causa 
penal y 
como 
consecuencia, 
sin 
conocer 
los 
delitos, 
los 
hechos 
que 
se 
les 
imputan y 
la 
persona 
que 
los 
señalaba. 
Asimismo, 
el 
entrevistado 
aseguró 
que 
debido a 
que 
solo 
existe 
integrada 
una 
causa 
penal 
los 
189 
detenidos 
no 
pudieron 
tener 
acceso a 
la 
consulta 
del 
expediente 
para 
conocer 
la 
hora 
en 
que 
dicha 
causa 
penal 
fue 
consignada 
ante 
el 
Juez 
como 
consecuencia 
ha 
impedido 
conocer 
la 
fecha y 
hora 
del 
vencimiento 
del 
término 
constitucional 
para 
que 
el 
Juez 
se 
encuentre 
en 
posibilidades 
de 
resolver 
su 
situación 
jurídica. 

e) 
Instituto 
Nacional 
de 
Migración a 
cargo 
de 
Lic. 
Hipólito 
Treviño. 
Con 
fecha 5 
de 
mayo 
el 
Ministerio 
Público 
del 
Estado 
de 
México, 
remitió a 
la 
estación 
migratoria 
con 
sede 
en 
Iztapalapa, 
Distrito 
Federal; a 
dos 
ciudadanas 
de 
nacionalidad 
española, 
dos 
ciudadanos 
chilenos y 
una 
alemana 
al 
día 
siguiente 
fueron 
expulsados 
por 
considerar 
su 
participación 
en 
actividades 
políticas 
de 
acuerdo 
con 
el 
artículo 
33 
constitucional. 
Lo 
anterior 
en 
flagrante 
violación a 
derechos 
humanos 
consistentes 
en 
expulsión 
sin 
garantías 
de 
ley, 
negación 
de 
atención 
médica, 
negación 
de 
presunción 
de 
inocencia, 
negación 
al 
derecho a 
información 
pronta y 
detallada, 
intimidación, 
abuso 
sexual, 
violación y 
tortura. 

La 
responsabilidad 
del 
estado 
en 
los 
hechos 
de 
San 
Salvador 
Atenco 
ya 
fue 
asumida 
por 
algunos 
de 
los 
funcionarios 
estatales y 
federales: 
Gobernador 
del 
Estado, 
Agencia 
Estatal 
de 
Seguridad, 
Policía 
Federal 
Preventiva. 
El 
reconocimiento 
explicito 
que 
hacen 
de 
haber 
actuado 
de 
modo 
excesivo 
no 
implica 
la 
asunción 
de 
su 
responsabilidad 
en 
hechos 
que 
son 
constituyentes 
de 
graves 
violaciones a 
derechos 
humanos. 
Es 
por 
ello 
que 
tomando 
que 
en 
base a 
los 
estándares 
internacionales, 
el 
principio 
de 
justicia 
integral 
comprende 
además 
del 
reconocimiento 
de 
la 
responsabilidad 
del 
Estado, 
la 
identificación, 
procesamiento y 
sanción 
de 
los 
responsables. 
la 
reparación 
del 
daño y 
la 
aplicación 
de 
medidas 
de 
no 
repetición. 

Por 
lo 
anterior 
es 
urgente 
la 
realización 
de 
una 
investigación 
exhaustiva 
que 
identifique a 
los 
responsables 
en 
la 
cadena 
de 
mandos, 
que 
implique 
mandos 
de 
participación 
directa y 
aquellos 
de 
mando 
más 
alto, a 
nivel 
estatal 
como a 
nivel 
federa, 
para 
efectos 
de 
que 
se 
procese a 
todos 
aquellos 
funcionarios 
públicos 
que 
por 
acción u 
omisión 
participaron 
en 
los 
operativos 
realizados 
en 
San 
Salvador 
Atenco a 
fin 
de 
que 
sean 
procesados y 
sancionados. 

Es 
importante 
destacar 
en 
este 
punto 
que 
por 
el 
grado 
de 
participación 
en 
la 
conducción 
del 
operativo 
por 
parte 
del 
Comisionado 
de 
la 
Agencia 
Estatal 
de 
Seguridad, 
Wilfrido 
Robledo 
Madrid, 
existen 
elementos 


suficientes 
para 
señalarlo 
como 
responsable 
de 
la 
ejecución 
de 
múltiples 
violaciones 
de 
derechos 
humanos 
en 
contra 
de 
la 
población 
civil 
participante 
en 
los 
hechos 
de 
San 
Salvador 
Atenco y 
para 
efectos 
de 
que 
se 
lleve a 
cabo 
una 
investigación 
objetiva e 
imparcial, 
es 
imperiosa 
necesidad 
la 
renuncia 
al 
cargo 
que 
actualmente 
desempeña, 
con 
la 
finalidad 
de 
deslindar 
responsabilidades a 
cargo 
de 
las 
autoridades 
judiciales y 
en 
su 
caso 
sea 
sancionado 
por 
estos 
hechos. 

La 
reparación 
del 
daño 
como 
otro 
de 
los 
elementos 
de 
la 
justicia 
integral 
busca 
la 
restitución 
total 
de 
la 
situación 
lesionada, 
lo 
cual 
implica 
revertir, 
en 
la 
medida 
de 
lo 
posible, 
los 
efectos 
del 
daño 
causado. 
En 
los 
casos 
de 
imposible 
reversión 
del 
daño, 
como 
sería 
el 
caso 
del 
menor 
ejecutado, 
el 
abuso y 
violación 
sexual 
de 
algunas 
mujeres 
detenidas, 
es 
urgente 
que 
el 
Estado 
implemente 
una 
serie 
de 
medidas 
que 
garanticen 
los 
derechos 
conculcados, 
reparen 
las 
consecuencias 
en 
la 
medida 
de 
lo 
posible, y 
por 
último 
establezcan 
el 
pago 
de 
una 
justa 
indemnización 
en 
términos 
lo 
suficientemente 
amplios 
para 
compensar 
la 
pérdida 
sufrida y 
los 
efectos 
causados 
por 
dicha 
pérdida24 . 
En 
este 
sentido, 
debe 
de 
procederse a 
la 
reparación e 
indemnización y 
al 
resarcimiento 
de 
los 
gastos 
en 
que 
han 
incurrido 
los 
familiares 
de 
las 
víctimas 
en 
sus 
actuaciones 
ante 
las 
autoridades 
mexicanas a 
causa 
de 
este 
proceso. 

Por 
cuanto 
se 
refiere a 
los 
detenidos y 
procesados 
arbitrariamente y 
los 
lesionados 
que 
se 
encuentran 
hospitalizados, 
la 
reparación 
del 
daño 
va 
en 
dos 
sentidos: 
de 
modo 
emergente y 
lucro 
cesante. 
En 
el 
primero 
de 
ellos 
consiste 
en 
los 
gastos 
por 
el 
pago 
devengados 
por 
los 
servicios 
profesionales 
de 
abogados y 
médicos, 
medicamentos y 
hospitalización. 
En 
el 
lucro 
cesante 
son 
todos 
aquellos 
ingresos 
dejados 
de 
percibir a 
causa 
de 
su 
detención e 
invalidez 
física. 

Por 
último 
la 
obligación 
por 
parte 
del 
Estado 
de 
implementar 
medidas 
de 
no 
repetición 
en 
congruencia 
con 
la 
aceptación 
explicita 
de 
su 
participación 
en 
los 
hechos 
consiste 
en 
impulsar 
cambios 
estructurales 
en 
los 
cuerpos 
de 
seguridad 
pública 
consistentes 
en:25 

• 
Contar 
con 
una 
reglamentación 
interna 
que 
adopte 
los 
estándares 
internacionales 
en 
materia 
de 
uso 
de 
fuerza y 
armas 
de 
fuego 
para 
garantizar 
el 
respeto a 
los 
derechos 
humanos 
en 
especifico 
el 
Código 
de 
Conducta 
para 
Servidores 
Públicos 
encargados 
de 
hacer 
cumplir 
la 
ley y 
los 
Principios 
Básicos 
sobre 
el 
Empleo 
de 
la 
Fuerza y 
Armas 
de 
Fuego26; 
. 
Una 
adecuada 
capacitación; 

. 
La 
implementación 
de 
un 
programa 
de 
observación 
civil 
sobre 
las 
actividades 
cotidianas 
policiales 

que 
impidan 
el 
ejercicio 
discrecional 
de 
los 
cuerpos 
policiacos; 

. 
El 
mejoramiento 
del 
sistema 
de 
reclutamiento 
que 
busque 
incorporar a 
los 
miembros 
mediante 
los 

suficientes 
estímulos 
profesionales y 
económicos; 

. 
Contar 
con 
una 
política 
clara 
de 
contratación 
para 
evitar 
que 
ex 
agentes 
de 
otros 
servicios 
policiales, 

que 
no 
hayan 
cumplido 
adecuadamente 
en 
sus 
funciones 
sean 
recontratados 
para 
este 
servicio; 

. 
El 
respeto a 
los 
derechos 
humanos 
para 
las y 
los 
agentes; 

. 
Asegurar 
las 
reglas 
del 
debido 
proceso 
en 
los 
regímenes 
disciplinarios 
que 
le 
son 
aplicados; 

. 
El 
pago a 
los 
policías 
de 
salarios 
dignos y 
buenas 
condiciones 
de 
trabajo; 

. 
Instituir 
parámetros 
cuantitativos y 
cualitativos 
para 
evaluar 
la 
eficacia y 
eficiencia 
de 
los 
servidores 

de 
seguridad 
pública. 

24 
Caso 
Godínez Cruz, 
Sentencia 
del 
17 
de 
agosto 
de 
1990, 
párr. 
27.
25 
Diagnostico sobre la situación de los Derechos humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones


Unidas para los Derechos Humanos en México. Recomendaciones en matera de seguridad pública, 2004, pag. 45.
 26 
Adoptados en el seno de las Naciones Unidas el primero en el año de 1979 y el segundo en 1990. 


VI. 
CONCLUSIONES Y 
PETICIONES 
Por 
lo 
documentado 
en 
este 
Informe, 
el 
Centro 
de 
Derechos 
Humanos 
Miguel 
Agustín 
Pro 
Juárez 
concluye: 

1.Que 
pese a 
la 
campaña 
de 
criminalización y 
estigmatización 
en 
contra 
de 
movimientos 
sociales, 
es 
claro 
que 
el 
Frente 
de 
Pueblos 
Unidos 
en 
Defensa 
de 
la 
Tierra 
fue 
reconocido 
desde 
el 
2003 
como 
actor 
político y 
promotor 
social 
en 
la 
región, 
tanto 
por 
el 
Gobierno 
Estatal 
como 
por 
el 
Gobierno 
Federal. 

2.Que 
el 
análisis 
de 
lo 
ocurrido 
los 
días 
03 y 
04 
de 
mayo 
en 
Texcoco y 
San 
Salvador 
Atenco 
muestra 
un 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
pública, 
no 
ceñido a 
los 
principios 
de 
proporcionalidad, 
razonabilidad y 
absoluta 
necesidad, 
lo 
que 
se 
tradujo 
en 
una 
violación 
masiva a 
derechos 
humanos, 
presentándose: 
detenciones 
arbitrarias, 
allanamientos 
de 
morada, 
una 
privación 
arbitraria 
de 
la 
vida, 
agresiones y 
violaciones 
sexuales, 
así 
como 
violaciones a 
los 
derechos 
procesales. 

3.Que 
relacionando 
lo 
anterior 
con 
los 
testimonios 
de 
elementos 
de 
seguridad 
pública 
del 
Estado 
de 
México, 
podemos 
afirmar 
que 
la 
actuación 
de 
las 
corporaciones 
policiacas 
estatal y 
federal 
el 
día 4 
de 
mayo 
tuvo 
por 
orden 
expresa 
detener 
indiscriminadamente a 
cualquier 
persona y 
allanar 
moradas 
sin 
ningún 
respeto 
por 
los 
derechos 
fundamentales. 
En 
este 
sentido, 
es 
posible 
afirmar 
que 
lejos 
de 
ser 
guiada 
por 
un 
criterio 
racional, 
el 
uso 
de 
la 
fuerza 
pública 
buscó 
cobrar 
venganza 
por 
los 
hechos 
acontecidos 
el 
día 
anterior. 

En 
tal 
virtud, 
este 
Centro 
de 
Derechos 
Humanos 
exige: 

1.La 
liberación 
de 
las 
personas 
detenidas 
durante 
las 
jornadas 
del 
03 y 
04 
de 
mayo. 
En 
este 
sentido, 
los 
jueces 
competentes 
decidirán 
en 
las 
próximas 
horas 
la 
situación 
jurídica 
de 
la 
mayoría 
de 
los 
detenidos. 
Como 
Centro 
de 
Derechos 
Humanos, 
exigimos 
una 
decisión 
apegada a 
derecho y 
fundada 
en 
la 
más 
estricta 
división 
de 
poderes y 
en 
el 
irrestricto 
respeto 
al 
principio 
de 
presunción 
de 
inocencia. 

2.La 
renuncia 
inmediata 
de 
Wilfrido 
Robledo 
Madrid, 
Comisionado 
General 
de 
la 
Agencia 
Estatal 
de 
Seguridad; 
de 
Abel 
Villicaña, 
Procurador 
de 
Justicia 
del 
Estado 
de 
México; y 
de 
Eduardo 
Medina 
Mora, 
Secretario 
de 
Seguridad 
Pública 
Federal. 
Como 
Centro 
Prodh, 
imputamos 
responsabilidad 
de 
mando a 
estos 
funcionarios 
como 
superiores 
jerárquicos 
de 
los 
elementos 
encargados 
de 
desplegar 
el 
uso 
excesivo 
de 
la 
fuerza 
pública 
que 
se 
verificó 
en 
Texcoco y 
Atenco 
en 
días 
pasados. 

3.El 
esclarecimiento 
de 
los 
hechos 
mediante 
una 
investigación 
independiente, 
imparcial y 
pública 
de 
lo 
ocurrido, 
que 
necesariamente 
sea 
acompañada 
de 
un 
informe 
oficial 
por 
parte 
de 
las 
autoridades 
involucradas. 

4.Justicia 
integral 
para 
las 
víctimas 
de 
violaciones a 
derechos 
humanos; 
esto 
es: 
esclarecimiento 
de 
los 
hechos, 
procesamiento 
de 
los 
responsables, 
reparación 
del 
daño y 
adopción 
de 
medidas 
de 
no 
repetición. 

5.Revisión 
de 
las 
políticas 
de 
seguridad 
pública y 
de 
los 
criterios 
con 
que 
se 
decide y 
guía 
el 
uso 
de 
la 
fuerza 
pública, 
tanto a 
nivel 
federal 
como 
estatal, a 
fin 
de 
que 
hechos 
como 
los 
documentados 
no 
vuelvan a 
repetirse.